Una cosa es la irritación y otra el vandalismo, una la inconformidad y otra la ilegalidad y los pasajes que hemos vivido en las últimas horas en Hidalgo, muestran los extremos del oportunismo de actores políticos y delincuencia que aprovechan la molestia social por la liberación de los precios de la gasolina, para obtener lo que sólo a ellos conviene sin importar que lesionen los intereses de la mayoría.
Nada tiene que ver el enojo por el incremento en la gasolina, diesel, gas y electricidad, con los robos y saqueos en tiendas de conveniencia o departamentales y muchos menos con impedir el paso de quienes por necesidad deben trasladarse de un lugar a otro para atender una cita médica, compromiso laboral o quienes sufren desabasto de combustible porque las estaciones estuvieron tomadas.
Es inaceptable el comportamiento de vándalos y delincuentes que robaron gasolina, productos y electrodomésticos de comercios particulares, pero es más el de esos líderes de organizaciones campesinas, sociales y partidos políticos que encabezaron los bloqueos, tomas de casetas e instalaciones de Petróleos Mexicanos, porque son los mismos que estarán sentados en las mesas de autoridades federales, estatales y municipales, pidiendo dinero o dadivas a cambio de retirar sus movimientos.
Está claro que lejos de importarles realmente las “causas justas y sociales” como pregonan, hay quienes serán los primeros en venderlas a cambio de sus propios intereses personales, como ocurre con algunos integrantes de la UNTA, UFIC, CODUC, PRD, MORENA y otros partidos políticos y organizaciones que no son capaces de proponer medidas que permitan contribuir a resolver el problema económico en el que está metido el país y claro el gobierno y sus medidas.
Por ejemplo, si además de organizar marchas y bloqueos para después “cobrarlos”, estos mismos adalides de la “justicia social” exigieran a sus diputados, que se reduzca el gasto a los organismos electorales, las prerrogativas a los partidos políticos, que senadores y diputados dejan de recibir vales de gasolina y que además paguen casetas de peaje como la mayoría, lo mismo que el uso de sus teléfonos celulares y que el gasto corriente disminuya en un 30 por ciento en los diferentes niveles de gobierno?
Pero no, lo más fácil es salir y organizar a un puñado para cerrar carreteras, casetas, instalaciones de Pemex y luego esperar pacientemente la llamada de las autoridades para negociar el retiro de sus movilizaciones, así estamos transitado entre gritos, patadas y negociaciones y muy pero muy pocas, por no decir nada de propuestas y que quede claro la intensión no es minimizar los ecos legítimos de una sociedad irritada por las medidas adoptadas, pero de eso a la ilegalidad hay mucha diferencia.