La reestructuración operativa de la Procuraduría General de Justicia del Estado de Hidalgo (PGJEH) lleva varios meses en marcha. No responde a la presión del plazo para transitar a una fiscalía autónoma, sino a dos necesidades concretas: atender el contexto de seguridad que enfrenta la entidad y erradicar vicios arraigados en agencias del Ministerio Público y otras áreas, donde ya hay funcionarios cesados y procedimientos abiertos.
Es cierto que Hidalgo, es el único estado del país que aún no consolida su transición a fiscalía autónoma. Sin embargo, en la práctica, cuenta con más fiscalías especializadas que varias entidades que ya operan bajo ese modelo. De acuerdo con lo señalado por Jesús Sesma Suárez, secretario general del Partido Verde Ecologista de México en la Ciudad de México, once estados, entre ellos Aguascalientes, Campeche, Guerrero y Morelos, carecen de una unidad especializada en delitos de violencia de género.
Pero no basta con tener una oficina con ese nombre. Lo que importa es contar con personal especializado y capacitado, con recursos técnicos, humanos y materiales suficientes para atender delitos de enorme sensibilidad, como los de género, la trata de personas, la desaparición forzada y la tortura. A ellos se sumará una unidad contra la extorsión, que el encargado de la Procuraduría, Francisco Fernández Hasbun, anunció que entrará en operación en los próximos meses.
La reingeniería interna ha ido acompañada de una depuración. Un coordinador de Ministerios Públicos y tres agentes han sido cesados por omisiones en el desempeño de sus funciones, en expedientes que durante años nadie parecía dispuesto a resolver. Al menos otra decena de casos similares está pendiente y, una vez agotados los procedimientos legales, derivará en nuevos ceses en los próximos días.
A nueve meses de que venza el plazo legal, en julio de 2027, la Procuraduría consolida tres ejes fundamentales de la reforma: la reingeniería interna con unidades especializadas, la mejora del sistema salarial, que llevaba años sin actualizarse, y resultados medibles contra el rezago. Según el INEGI, los expedientes acumulados se redujeron 30 por ciento en el último año. Además, la medición más reciente del Censo Nacional de Procuración de Justicia, la de 2026, ubica a Hidalgo en el noveno lugar nacional en etapas procesales.
El proceso, no obstante, está inconcluso. En el fondo persiste un debate nacional: cómo poner fin a las llamadas fiscalías «carnales», aquellas que dependen del Ejecutivo desde el nombramiento de su titular hasta su operación cotidiana. Y la experiencia demuestra que la autonomía formal no garantiza por sí sola resultados ni confianza ciudadana, como lo evidencian las 32 fiscalías que operan en el país. La confianza se gana con eficiencia, y esa no se obtiene por decreto.
De mi tintero…Oposición sin argumentos. Cuando tuvieron de frente al oficial mayor del Congreso del estado, Orlando Ángeles Pérez, los diputados de oposición parecieron olvidar las críticas que tanto repetían sobre contratos, asignaciones y obras… Entre los ausentes estuvo el priista Marco Antonio Mendoza, y otros legisladores que a diario graban videos para sus redes y tampoco asistieron. En los 120 minutos que duró la comparecencia, el único cuestionamiento provino de la bancada de Morena. Buenos para el escándalo, malos para la argumentación: al oportunismo no le falta quien lo practique…El disfraz. La nota de las comparecencias, por cierto, estuvo en la salida de unos de los secretarios del gobierno estatal, que abandonó el recinto con chaleco y gorra de policía para evitar a los manifestantes. La fotografía no deja claro si el atuendo se limitó a esas dos prendas…