El Departamento del Tesoro de Estados Unidos ha emitido un paquete de 11 sanciones contra dos ciudadanos mexicanos y nueve empresas vinculadas a una sofisticada red de contrabando de combustible, conocida como «huachicol fiscal», que opera para el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG). Esta acción representa un golpe significativo a las finanzas de una de las organizaciones criminales más poderosas de México.
Los individuos sancionados han sido identificados como:
•Oscar Guillermo Juraidini Silva: Señalado como contador del CJNG y falsificador de documentos aduaneros. Su rol era crucial para transportar combustible ilícito desde Estados Unidos hacia México.
•J. Refugio Ruiz Villagómez: Acusado de pagar sobornos a cárteles y organizaciones que controlan la frontera para facilitar el transporte del combustible robado.
Este esquema de «huachicol fiscal» se diferencia del robo tradicional de combustible mediante tomas clandestinas. La red adquiría combustible refinado en Estados Unidos y, al cruzar la frontera mexicana, alteraba la documentación aduanera para evadir impuestos. Los cargamentos eran declarados bajo clasificaciones arancelarias falsas, como «aceites usados» o «lubricantes industriales», permitiendo a la red generar millones de dólares en ganancias ilícitas que eran inyectadas directamente a las operaciones del CJNG.
La Oficina de Control de Bienes Extranjeros (OFAC) del Tesoro estadounidense ha liderado estas sanciones, que implican el bloqueo de todos los bienes e intereses patrimoniales de las personas y empresas designadas. En México, la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) ha respondido de manera coordinada, integrando a Oscar Guillermo Juraidini y Refugio Ruiz en su lista de personas bloqueadas tras identificar indicios de operaciones con recursos de procedencia ilícita e irregularidades en sus ingresos.
La Fiscalía General de la República (FGR) de México ya había identificado a Jomadi Logistics & Cargo como una empresa de importación y exportación involucrada en el narcotráfico.
El secretario del Tesoro de Estados Unidos, Scott Bessent, advirtió que los cárteles mexicanos han diversificado sus fuentes de ingresos más allá de las drogas, convirtiendo el contrabando de combustibles en una de sus principales fuentes de financiamiento. La Red de Control de Delitos Financieros (FinCEN) también emitió una alerta conjunta para la banca comercial, detallando 22 indicadores de riesgo para detectar transacciones de este tipo. Se estima que los flujos de capital detectados en operaciones sospechosas entre México y EE. UU., vinculados al contrabando de energéticos, ascienden a la alarmante cifra de 7 mil millones de dólares.
Esta acción conjunta subraya el compromiso de ambos países en desmantelar las redes financieras del crimen organizado y combatir el «huachicol fiscal» que tanto daño causa a las economías y la seguridad de la región.