Las diputadas Mayka Ortega Eguiluz y Adela Pérez Espinoza, integrantes del GLPRI, presentaron iniciativas que reforman las leyes de acceso a las mujeres a una vida libre de violencia así como la de protección a migrantes del estado de Hidalgo.
Ortega Eguiluz expuso en tribuna que “la violencia política contra las mujeres en razón de género, es toda acción u omisión dirigida contra la mujer por su condición de mujer o por lo que representa bajo concepciones basadas en estereotipos de género; es decir, tiene un impacto diferenciado o genera desventajas”.
La legisladora priista informó que “tiene por objeto o resultado sesgar, condicionar, impedir, restringir, suspender, limitar, anular, menoscabar o afectar el reconocimiento, goce o ejercicio efectivo de los derechos político electorales de una mujer o mujeres o el acceso al pleno ejercicio de las atribuciones inherentes a su cargo o función de poder público”.
Estas acciones u omisiones, explicó Ortega Eguiluz, “podrán presentarse de manera simbólica, verbal, patrimonial, económica, física, sexual o/y psicológica”.
Esta es perpetrada “por el Estado o sus agentes, por superiores jerárquicos, colegas de trabajo, partidos políticos o representantes de los mismos; medios de comunicación y sus integrantes, un particular y/o un grupo de personas”.
Mayka Ortega destacó que “esta iniciativa busca actualizar los conceptos contenidos en la Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia para el Estado de Hidalgo, relativos a la violencia política contra las mujeres en razón de género, a partir de la reciente descripción aprobada en el Código Electoral para el estado de Hidalgo”.
Por su parte, la diputada Adela Pérez Espinoza presentó en tribuna una iniciativa en la que propone establecer un programa permanente para disminuir los procesos de emigración y las acciones específicas de apoyo, promoción y protección.
Por ello, Pérez Espinoza explicó que “con estudios periódicos y constantes que se deberán realizar a efecto de identificar las principales fuentes de ingreso al interior de las comunidades indígenas, para estar en posibilidades de brindar capacitación, infraestructura y los apoyos necesarios para su crecimiento económico”.
Pérez Espinoza propuso “coordinación con los Ayuntamientos que realizarán una campaña permanente para informar a los hidalguenses de los riesgos y peligros a que se pueden enfrentar al emigrar sin cumplir todos los requisitos que, para entrar al país a donde se dirijan, exijan las Leyes del mismo”.
“Para el caso de comunidades y localidades indígenas, las campañas se realizarán en la lengua indígena que prevalezca en la región”, explicó.
“Los Ayuntamientos podrán disponer, conforme a su disposición presupuestal, de una oficina de atención a los emigrantes. Para el caso de los ayuntamientos que cuenten con oficinas de atención a migrantes, siempre que se hallen cerca de grupos poblacionales predominantemente indígenas, este módulo deberá contar con atención en la lengua indígena que prevalezca”, precisó Pérez Espinoza.
Finalmente, Pérez Espinoza informó que “los Municipios con alta presencia de personas migrantes jornaleras agrícolas, en el ámbito de su competencia promoverán la difusión de los derechos humanos de este sector”, concluyó.