- Se impediría que funcionarios públicos que hacen mal uso del erario evadan la acción de la justicia
El Grupo Parlamentario del Partido Encuentro Social (GPPES) en la Cámara de Diputados, que coordina el hidalguense Alejandro González Murillo, propuso reformar el Código Nacional de Procedimientos Penales para aplicar prisión preventiva oficiosa a quienes incurran en cohecho, peculado y enriquecimiento ilícito.
Actualmente, el Código Nacional de Procedimientos Penales sólo establece prisión preventiva para ilícitos como secuestro, violación u homicidio, entre otros; con la iniciativa, se dotaría a los ministerios públicos de la autoridad para pedir al juzgador de control institucional, que solicite y aplique prisión preventiva oficiosa en la comisión de delitos penales como peculado, cohecho y enriquecimiento ilícito.
Lo anterior con dos fines fundamentales: inhibir la comisión de las mencionadas conductas, por la imposibilidad de la libertad bajo caución, y evitar la evasión de la acción de la justicia.
Los legisladores federales de Encuentro Social lamentaron que los escándalos de corrupción hayan puesto a México en la mira internacional, y recordaron que recientemente, en la Cámara de Diputados, se registró un debate sobre los casos de Odebretch y Oceanografía, en el que se habló de presuntos desvíos de fondos públicos y redes de corrupción, mientras que los implicados en esos y otros ilícitos han buscado evadir la acción de la justicia, ocultándose o huyendo a otros países.
Por ello, subrayaron que la ciudadanía necesita volver a creer en los servidores públicos, por lo que urge legislar en la prevención de delitos como el cohecho, peculado y enriquecimiento ilícito.
En ese sentido, se pronunciaron por avanzar en la discusión de las iniciativas para combatir la corrupción, que han sido turnadas a las comisiones de la Cámara de Diputados, ya que el robo a las arcas del Estado ha inhibido que muchos jóvenes tengan un futuro o se provea bienestar a los enfermos y a las familias mexicanas.
La iniciativa de reforma fue turnada a la Comisión de Justicia de la Cámara de Diputados, para análisis y dictaminación.