Integrantes de alrededor de 30 organizaciones civiles, colectivas y activistas independientes, a través de la Oficialía de Partes, entregaron al Congreso del estado un oficio por medio del cual exigen la destitución de la presidenta de la Comisión de Derechos Humanos del Estado, Ana Karen Parra Bonilla.
Los inconformes, entre ellos de la Colectiva Feminista, Colectivo Voces Sin Justicia, Barra de Abogadas A.C y Servicios de Inclusión Integral y Derechos Humanos entre otros, manifestaron que su petición se sustenta en el hecho de que la gestión de la presidenta de la CDHEH ha sido omisa, insensible e incongruente frente a las violaciones de derechos en la entidad.
Al respecto, acusaron, banalización de la agenda de derechos humanos, al priorizar temas secundarios como los derechos de los animales, en lugar de abordar problemáticas urgentes como el acceso al agua, la tierra y el territorio, la desvinculación con la sociedad civil, al incumplir la implementación de un plan de trabajo con participación ciudadana, pese a haber sido anunciado públicamente,
Así como la revictimización de grupos vulnerables, como migrantes y menores de edad, mediante actos que fueron calificados como una burla a sus condiciones, como la simulación de experiencias migratorias durante la presentación de un protocolo oficial y una falta de investigaciones de fondo, limitándose a replicar informes heredados sin generar nuevos diagnósticos sobre la situación real en Hidalgo, y varias anomalías más.
En la lectura del documento la activista independiente Zaira Velázquez Sánchez, manifestó que a tres meses de la represión policial ocurrida durante las marchas del 8 de marzo en Hidalgo y por todo lo anterior, decidieron unir esfuerzos para solicitar de manera formal al Congreso local iniciar el proceso de destitución de Parra Bonilla, al considerar que no cumple con el perfil necesario para garantizar los derechos humanos de la población hidalguense.
De igual manera, piden que la persona que ocupe la titularidad del organismo debe contar con preparación, ética y trayectoria comprobada en la defensa de los derechos humanos, además de una actitud de apertura y trabajo colaborativo en con la sociedad civil para la defensa de sus derechos.
Manifestó, “Cuando las comisiones actúan con independencia y sensibilidad, refuerzan la labor ciudadana. Pero cuando se alejan de ese mandato, debilitan el tejido de defensa y colocan en mayor riesgo a quienes más necesitan protección”.
