El Instituto Estatal Electoral de Hidalgo, (IEEH) regresó al centro de la controversia, tras revelarse que estaría detrás de los juicios que ingresaron representantes de los partidos políticos, para recuperar más de 6 millones de pesos en dietas anuales de los representantes de partidos, un monto que generó tensiones y cuestionamientos sobre el uso de recursos públicos.
Las versiones cobran relevancia, sobre todo porque, la consejera presidenta, María Magdalena González Escalona, y su círculo cercano, han sido acusados de manejar estos fondos de manera opaca y a su conveniencia, pues las dietas eran parte del instrumento que tenía para comprar las voluntades de los representantes de los 10 partidos políticos que aprobaban todo lo que salía del Consejo General.
González Escalona, enfrentó un recorte del 60% en el presupuesto de 652 millones de pesos que había aprobado, y decidió recurrir a su pareja sentimental y adscrito a la presidencia, Juan Carlos Mendoza Meza, para instar a representantes de partidos políticos a presentar un juicio ante el Tribunal Electoral de Hidalgo, (TEEH) el objetivo era recuperar las dietas de más de 52 mil pesos mensuales que se otorgaban a cada uno de los diez representantes de partidos.
Sin embargo, tanto el gobierno estatal como el Congreso local, consideraron que, este gasto era excesivo, ya que de los más de 255 millones de pesos de presupuesto que tiene para este año el organismo electoral , más de 159 millones corresponden a prerrogativas de partidos políticos, es decir más de la mitad, lo que hacía inaceptable sumar sueldos de 52 mil pesos para los representantes.
El Tribunal Electoral de Hidalgo, al menos en este episodio, no se dejó llevar, desechó el juicio promovido por el representante de Movimiento Ciudadano (MC) Pablo Gómez, bajo el argumento de que la controversia era de naturaleza presupuestaria y escapaba a su competencia. La decisión fue confirmada por la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, que respaldó su postura con jurisprudencia existente.
Sin embargo, los argumentos de MC generaron una respuesta crítica. Su equipo jurídico sostenía que eliminar las dietas y apoyos logísticos compromete la equidad en la contienda electoral y la capacidad de fiscalización de los procesos, además, la falta de recursos económicos para los partidos pequeños perjudica la legitimidad y credibilidad de las elecciones.
La Sala Superior, no obstante, consideró que estos planteamientos buscaban cuestionar una decisión basada en la legalidad y la naturaleza presupuestaria de las dietas.
Esta controversia revela la necesidad de un debate más amplio sobre la transparencia y la rendición de cuentas en el manejo de recursos electorales.
Y deja nuevamente interrogantes sobre cómo se gestionan los recursos públicos y la responsabilidad de los actores políticos en las prácticas electorales en Hidalgo.
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