Una corte civil del condado de Miami-Dade dictó sentencia contra Genaro García Luna, exsecretario de Seguridad Pública de México, y su esposa, Cristina Pereira, por su participación en un esquema de contrataciones irregulares con entidades gubernamentales mexicanas.
La jueza Lisa Walsh determinó que ambos deberán pagar un total de 2,488 millones de dólares. Según el fallo, García Luna deberá cubrir 748 millones 829 mil 626 dólares, mientras que su esposa pagará 1,740 millones 540 mil dólares.
El fallo fue emitido días después de que el gobierno mexicano, a través de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), solicitara la resolución del caso sin la realización de un juicio. La demanda civil fue presentada en septiembre de 2021 con el objetivo de recuperar activos supuestamente adquiridos con fondos públicos desviados.
De acuerdo con documentos judiciales, el esquema involucró la asignación de 30 contratos a un conglomerado de origen israelí, con colaboración de García Luna y la familia Weinberg. Estos contratos, adjudicados a entidades de seguridad pública mexicanas, permitieron el desvío de más de 634 millones de dólares. Parte de estos recursos fueron transferidos a paraísos fiscales y posteriormente a Florida, donde se utilizaron para adquirir bienes inmuebles y otros activos.
Como parte de la investigación, fueron aseguradas 19 propiedades en territorio estadounidense presuntamente vinculadas a García Luna y sus colaboradores. Las autoridades estiman que entre 2012 y 2018, los involucrados recibieron al menos 580 millones de dólares a través de este esquema.
La jueza Walsh había fijado el 28 de abril como fecha límite para que las partes alcanzaran un acuerdo extrajudicial. Ante la falta de una resolución entre las partes, el tribunal procedió a dictar sentencia.
Cabe recordar que el Segundo Circuito de la Corte de Apelaciones de Estados Unidos concedió a Genaro García Luna una prórroga de cuatro meses para que apele su condena, tras ser declarado culpable por nexos con el Cártel de Sinaloa, el 21 febrero de 2023.
El secretario de Seguridad en el sexenio de Felipe Calderón fue condenado a 38 años y cuatro meses de prisión y a pagar una multa de 2 millones de dólares, por participar en una empresa delictiva de drogas, varias conspiraciones para cometer delitos y declaraciones falsas.