El fuero es la imposibilidad de proceder penalmente contra determinados servidores públicos acusados de un delito, situación que frena la aplicación de la justicia en cualquier falta que se haya cometido, todos debemos ser juzgados por igual, las leyes deben aplicarse con todo el rigor a quienes cometan un delito sea quien sea, los ciudadanos merecemos trato igual, un México sin impunidad, por eso, hemos votado a favor de la desaparición del fuero, así lo dio a conocer Francisco González Vargas, Diputado Federal del Distrito VII en Hidalgo, con cabecera en Tepeapulco.
El legislador de extracción priista, dio a conocer que en el artículo 111 de la Constitución, los Diputados y Senadores del Congreso de la Unión, Ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Magistrados del Tribunal Electoral, Consejeros de la Judicatura, Secretarios de Despacho, Diputados a la asamblea del Distrito Federal, el Procurador General de la República, así como Consejeros Presidente y Electorales del Consejo General Instituto Federal Electoral, habían estado bajo un esquema que impedía investigarlos y procesarlos jurídicamente por su presunta participación en la comisión de un delito, hasta que no se declarara la procedencia por parte de la cámara de diputados.
González Vargas, dijo que con la aprobación de las reformas a los artículos 61, 111, 112 y 114, desaparece la figura del Fuero Constitucional, así como la figura de la declaración de procedencia, reconoce y salvaguarda la división de poderes y existencia de equilibrio del estado mexicano, la naturaleza de las responsabilidades de los funcionarios descritos y elimina cualquier protección en toda materia jurídica.
Informó que con 376 votos a favor, 56 en contra y 5 abstenciones, los Diputados Federales avalaron el dictamen que entre otros aspectos establece que los servidores públicos enfrentarán los procesos penales en libertad hasta que el juez dicte una sentencia condenatoria firme, la prescripción de los delitos cometidos no podrá ser menor a tres años y no operará el indulto en caso de sentencia condenatoria contra un servidor público.