La diputada María Luisa Pérez Perusquía presentó ante el pleno de la LXIV legislatura una iniciativa de reforma a la Ley de Niñas, Niños y Adolescentes del estado de Hidalgo para garantizar protección legal a niñas, niños y adolescentes que se encuentren en estado de orfandad.
Pérez Perusquía explicó en el pleno la necesidad de “reconocer a las niñas, niños y adolescentes que habiten y/o transiten el estado de Hidalgo como titulares de derechos, con capacidad de goce de los mismos, de conformidad con los principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad”.
Precisó que “es vergonzoso conocer de casos extremos de violencia contra niñas, niños y adolescentes, que sufren de castigo corporal y psicológico, maltrato en sus casas, en las calles, en las escuelas, desamparo; en general es de reconocer que todavía hay un alto porcentaje de la niñez en abandono”.
El objetivo es claro, señaló, “garantizar los derechos de las niñas y los niños a vivir en un entorno familiar que les permita su sano desarrollo, la población meta, las niñas y niños que por circunstancias completamente ajenas a ellos han caído en orfandad y el beneficio, lograr que las niñas y los niños tengan oportunidades para desarrollarse física, mental y moralmente para alcanzar una vida a plenitud”.
Por ello, precisó, “en la presente iniciativa de reforma, se propone establecer como principio rector el derecho al adecuado desarrollo evolutivo de la personalidad, que las autoridades estatales y/o municipales, en el ámbito de sus respectivas competencias, están obligadas a establecer políticas de fortalecimiento familiar para evitar la separación de niñas, niños y adolescentes de su entorno familiar.”
“El Sistema DIF Hidalgo deberá otorgar para la protección de niñas, niños y adolescentes que hayan sido separados de su familia de origen por resolución judicial o que se encuentren en desamparo familiar, contando con la garantía de que las autoridades involucradas se aseguren que las niñas y los niños, sean ubicados con su familia extensa o ampliada para su cuidado”, explicó Pérez Perusquía.
Finalmente, Pérez Perusquía destacó que “se establecen las bases para garantizar el derecho de las y los menores de vivir en familia y la responsabilidad de las autoridades involucradas en los procesos de adopción, a fin de que vigilen y garanticen que este se desarrolle en un ambiente que garantice el sano desarrollo integral de las y los menores a través de medidas especiales de seguimiento y protección“, concluyó.