Integrantes de la Comisión de Seguridad Pública, de la Cámara Federal de Diputados, aprobaron reformas a la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública y Policía Federal, en materia de exámenes de control de confianza, con el propósito de establecer que las normas técnicas y estándares mínimos en materia de evaluación y control de confianza de los servidores públicos en esta materia, garanticen la cientificidad y objetividad de los procesos de evaluación.
Así lo dio a conocer el Legislador Federal hidalguense Francisco González Vargas, integrante de dicha Comisión, quien señaló que dichos procesos de evaluación deberán llevar un estricto respeto de los derechos humanos y dignidad de la persona evaluada de las Instituciones de Seguridad Pública, pues según, dijo, el análisis de los legisladores con el actual procedimiento es que se denigra la integridad de los elementos de seguridad, pues son sometidos incluso a interrogatorios y procesos “similares a una tortura”.
Por ello, informó que la iniciativa menciona, la contratación de nuevos elementos para las fuerzas armadas y para los cuerpos de seguridad pública como medida prioritaria para el Gobierno, sin embargo, los procedimientos de evaluación de control, tanto para el ingreso como para la permanencia de estos elementos, no han sido idóneos.
“quienes aplican el polígrafo en México son, en algunos casos profesionales de la salud, pero la mayoría solo son técnicos sin grado universitario, intentan determinar en un ambiente intimidatorio, qué tan diferentes resultan sus reacciones cuando aplican preguntas neutrales y preguntas comprometedoras”.
Dijo que obviamente el evaluado sabe que, responder a los cuestionamientos conduce a ser aceptado, rechazado, despedido, multado o encarcelado; el nivel de estrés y ansiedad se eleva naturalmente, conduciendo a resultados no necesariamente previsibles.
Francisco González, subrayó que el Estado tiene la obligación de brindar el servicio de seguridad pública y la Cámara de Diputados debe definir el camino por el que puedan transitar los procesos de evaluación y exámenes, que demuestren capacidad, valentía, honorabilidad, honradez y las aptitudes necesarias para los cargos, pero con estricto apego a derecho que no agreda ni ofenda al servidor y garantice una verdadera seguridad pública.