Morena vuelve a demostrar que su vara de medir tiene dos medidas: tolerancia e impunidad para los suyos, persecución y castigo para los adversarios. El caso más reciente lo protagoniza Canek Vázquez Góngora, delegado del Infonavit, suspendido temporalmente tras una investigación por presuntos actos de corrupción a través de una red de cobros ilegales a derechohabientes. Diez funcionarios ya fueron cesados, pero todo indica que, él podría librar el proceso.
Que esto ocurra en el Infonavit no es casualidad. El organismo ya acumula señalamientos por excesos en la cúpula. Su director, Octavio Romero, está señalado de entregar contratos millonarios a familiares y operadores políticos cercanos a él desde su paso por Pemex para construir las Casas del Bienestar. En Hidalgo, contratos por más de 2 mil millones de pesos fueron a parar a familiares del diputado federal morenista Ricardo Crespo y del secretario de Planeación, Miguel Ángel Tello. Ninguno ha rendido cuentas.
Por eso parecía que la investigación sobre los «moches» de 2 mil 500 pesos por beneficiario tendría un destino distinto. El envío de un equipo de auditores para revisar documentos, testimonios y expedientes vinculados con unos 30 mil cobros ilegales a cambio de créditos de ampliación de vivienda, junto con el cese de 10 funcionarios, entre ellos Noé Alvarado Zúñiga, encargado del Centro de Servicios del Infonavit (CESI), apuntaba a que esta vez, no habría impunidad.
El asunto no es menor, según estimaciones de los auditores y los presuntos señalamientos de los trabajadores, son cerca de 80 millones de pesos que se habría llevado la red de funcionarios y «coyotes». Según los testimonios de los propios trabajadores cesados, esa red fue creada por Canek Vázquez, quien, hasta ahora, ha sabido encontrar salidas temporales para no enfrentar los señalamientos.
Lo ocurrido en los últimos días parece guion de simulación. El delegado volvió a su oficina el viernes, pero apenas para el trámite de la imagen: según los trabajadores, llegó, se tomó una foto sentado en su despacho y a los 30 minutos se retiró. Ordenó a su equipo de comunicación social, difundir la fotografía que él mismo publicó en sus redes sociales con un «excelente viernes». Con ello quiso proyectar normalidad, pero no aclaró nada sobre las investigaciones ni sobre los señalamientos en su contra. Tampoco hubo comunicado del Infonavit.
Para el lunes, el exdiputado local y federal, de origen priista, ya había tramitado 20 días naturales de vacaciones con goce de sueldo. No volvió a la oficina. Hoy el despacho lo ocupa Guillermo Polanco, quien llegó justo cuando los auditores iniciaron su trabajo.
Así, Vázquez gana tiempo para intentar salir bien librado. Hasta ahora no hay exoneración, pero tampoco precisiones del organismo, que es el responsable de esclarecer las denuncias interpuestas por los propios trabajadores.
Queda, además, pendiente la denuncia que anunció el sindicato del Infonavit, cuyo dirigente nacional, Rafael Riva Palacio Pontones, prometió respaldar a los trabajadores despedidos, aparentemente de forma injustificada, y a quienes se intentó inculpar de una red de tráfico de influencias. Se asegura que las millonarias cantidades fueron entregadas en efectivo a Canek Vázquez.
Habrá que esperar a que concluyan los 20 días de vacaciones para saber si el morenismo federal decide protegerlo, como hasta ahora, o si encuentra una salida elegante que, al final, sería lo mismo: dejar en la impunidad lo que parece ser un caso grave de corrupción de un funcionario federal de la 4T.
De mi tintero… Regresa la sombra del espionaje político. El magistrado presidente del Tribunal Estatal Electoral de Hidalgo (TEEH), Leodegario Hernández, detectó a varios sujetos que tomaban fotografías de su domicilio desde una camioneta con matrícula HS0117G. De acuerdo con el padrón vehicular del estado, la unidad pertenece al Centro Estatal de Información, Investigación e Inteligencia (CEI3), organismo dependiente de la Secretaría de Gobierno (Segobh).
El hecho plantea preguntas que las autoridades deben responder: ¿quién ordenó la vigilancia y con qué fundamento legal? ¿Por qué se usó un vehículo oficial? Si el CEI3, que encabeza Isidoro González Blanco, operó por instrucción o con conocimiento del secretario de Gobierno, Guillermo Olivares, se trataría de una práctica que se creía superada y que corresponde a otra época. Si no fue así, quedaría al descubierto un descontrol grave dentro de un área que maneja información sensible…La resolución de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) que anuló las candidaturas reservadas exclusivamente para mujeres en Durango y San Luis Potosí tiene eco en Hidalgo. El criterio abre la posibilidad de que los partidos postulen hombres en donde se había planteado reservar la candidatura a una mujer. Queda por ver cuál será la decisión de Morena y, en particular, la de la presidenta, la dirigencia morenista y el grupo que encabeza el poder en la entidad.