Hidalgo es de los pocos estados en el país, donde los taxistas controlan el sector, imponen sus tarifas, ofrecen el servicio que quieren, regulan la competencia, no se moderniza y por si no fuera suficiente, existen indicios de su complicidad con la delincuencia, todo permitido por una Secretaría de Movilidad y Transporte, que parece secuestrada por intereses y una ley de movilidad que ya cumplió su vigencia.
Desde hace varios años, se viene advirtiendo que las organizaciones se han convertido en una especie de pequeñas mafias que deciden e imponen sus cuotas, establecen paraderos ilegales, invaden rutas y facilitan la circulación de unidades piratas en los 84 municipios dejando en riesgo a miles de usuarios.
Durante muchos años fue la Federación de Unión de Trabajadores del Volante del estado de Hidalgo (FUTV) la que dominó el gremio y con la complicidad de autoridades, distribuía y quitaba concesiones como mejor le parecía, así creció el patrimonio de algunos dirigentes y políticos que acumularon hasta 40 permisos con los que nacieron nuevas modalidades, como los radio taxis que fueron la “modernización” en el servicio.
Pero la anarquía y ambición fue frenada, cuando llegó la nueva ley de transporte, que fue concebida con el consenso de todos los involucrados en el estado y en el que se obligaba a una modernización y un servicio eficiente a cambio de cerrar el paso a la competencia de aplicaciones que operan desde el 2018 en el 90 por ciento del territorio nacional.
Se incluyó un dispositivo que con una aplicación actualizaba el servicio, garantizaba la seguridad de usuarios, ofrecía diferentes niveles desde traslados básicos hasta ejecutivos, regulaba la tarifa, a partir de tiempo y distancia, se le llamó “taxi contigo” y aunque en la actual ley sigue vigente, en la práctica no funciona, porque muchos decidieron “desconectarla” y en el 2022 de plano eliminarla de las unidades para restablecer las prácticas antiguas, imponer sus propias reglas y precios.
Esta aplicación operada por la empresa Sistemas Integrales de Movilidad, frenó la entrada de empresas como Uber que, a pesar de recurrir a tribunales judiciales en el país, no lo consiguieron, porque los defensores jurídicos del transporte en ese momento, argumentaron que ya existía un servicio por aplicación que en teoría funcionaba en los más de 8 mil taxis en Hidalgo, y permitir su actividad, sería una competencia desleal, para quienes se esforzaba en pagar impuestos, concesiones e inversión en puntos de mejora.
Solo que, al no operar este mecanismo, hoy existe el riesgo que estas empresas ingresen a Hidalgo y desplacen a miles de concesionarios que en 8 años no han sido capaces de mejorar el parque vehicular y servicio, y solo bastaría demostrar que, desde hace 4 años, quitaron las aplicaciones de sus unidades.
Así que los taxistas no sólo perdieron el blindaje que sigue en una ley ya inoperante, sino que, todos los días están violando las normas que los regulan y en las calles se mantiene la a anarquía ahora con una nueva organización de transporte afín a los morenistas, todo solapada por José Antonio Pérez Sánchez, director de transporte convencional en el estado, que hoy es presa de los intereses que ha creado con líderes regionales.
De mi tintero…Otro funcionario que nada aporta en transporte, más que generar conflictos, es el director general del Sistema Integrado de Transporte Masivo de Hidalgo (SITMAH) Humberto Cabrera Román, que además de sumir en la peor crisis que se recuerde al servicio del Tuzobús,parece más preocupado por acosar laboralmente a sus trabajadoras, por lo que ya fue denunciado ante los órganos internos que tienen elementos para poder iniciar procedimientos en su contra por su ilegalidad… Donde también las cosas anda igual con el acoso laboral y mal clima, es en la Subsecretaría de Protección Civil, un ejemplo es el caso de María Antelma Graciela Ortega Hernández, quien aprovecha sus influencias con el titular de esta dependencia Román Bernal Díaz y su hermana Lucia Ortega Hernández directora de administración de la Secretaría de Gobierno (SEGOBH) para hostigar al personal, la denuncia también ya está en manos del Órgano Interno, la pregunta es si habrá complicidad e impunidad o sanción ante estos hechos…
