A seis años de la explosión e incendio en una toma clandestina en un ducto de
Petróleos Mexicanos (PEMEX) en la comunidad de San Primitivo en Tlahuelilpan, la cual dejó 137 muertos, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) ha emitido un informe especial, señalando graves incumplimientos por parte del Estado mexicano y evidenciando la persistencia de vulneraciones a los derechos humanos de las víctimas y la comunidad afectada.
La CNDH destacó que la tragedia no fue un hecho aislado, sino que “se gestó en un contexto socioeconómico particular”. Tlahuelilpan, un municipio con una importante presencia indígena, enfrenta altos índices de pobreza y un rezago significativo en comparación con la media estatal. La falta de empleo formal y el bajo desarrollo humano incrementan la vulnerabilidad de su población, cuya economía se basa en actividades agrícolas, ganaderas y pequeño comercio.
Además, el incidente del 18 de enero de 2019 se produjo en un escenario de escasez de gasolina y una intensa mediatización de la información, factores que, según la CNDH, contribuyeron a la masiva concentración de personas en el lugar del derrame. La inhalación de vapores químicos también generó confusión y alteración en los sentidos de los presentes, haciendo “materialmente imposible su control y retiro” una vez que la multitud se desbordó.
El informe detalla que, elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional (SEDENA) detectaron inicialmente la toma clandestina con 8 a 10 civiles, un número que escaló a aproximadamente 800 personas en menos de una hora. El aumento de la presión en el ducto provocó una columna de combustible de diez metros de altura, y a pesar del cierre de válvulas, el líquido remanente siguió siendo expulsado, haciendo inevitable el incendio de “grandes dimensiones y elevada tasa de letalidad”.
La CNDH reconoce que se movilizaron una gran cantidad de recursos por parte de diversas instituciones federales y estatales para atender la emergencia, incluyendo a PEMEX, SEDENA, SEMAR, CFE, y la Secretaría de Salud.
Inicialmente, los reportes oficiales indicaron 69 fallecidos en el lugar y cinco durante el traslado o en el hospital, sumando 74 defunciones el mismo día de los hechos. Sin embargo, la cifra final de víctimas mortales ascendió a 137 personas, con la mayoría de los decesos ocurriendo en los primeros días del acontecimiento. El total de lesionados fue de 81, con 78 hombres y 3 mujeres, atendidos en múltiples hospitales.
La explosión movilizó una gran cantidad de recursos humanos y económicos. Los daños y pérdidas totales superaron los 85.6 millones de pesos. La mayor parte de este monto, el 56.86%, se destinó a Salud, totalizando 48.7 millones de pesos por concepto de atención hospitalaria y terapia intensiva, incluyendo 13.9 millones para cuatro menores trasladados a un hospital en Galveston, Texas.
Los gastos funerarios, cubiertos por el Gobierno Federal, ascendieron a más de 2.9 millones de pesos. Además, se calcula que se derramaron 10 mil barriles de gasolina, valorados en 22.3 millones de pesos. El costo de reparación del ducto fue de 42,536 pesos.
El informe de la CNDH analiza la intervención de las autoridades desde una perspectiva de derechos humanos y debida diligencia. Destaca que Pemex, como empresa productiva del Estado, tiene la función de garantizar el suministro de combustibles y un plan para combatir el robo de hidrocarburos. Sin embargo, la CNDH advierte que, a pesar de las acciones realizadas, la eficacia para disminuir las tomas clandestinas ha sido limitada.
La investigación de la CNDH reveló que los ductos se encuentran en mal estado de mantenimiento y la tecnología de detección es obsoleta e incompleta. Se subraya que Pemex tiene pleno conocimiento del aumento exponencial de las tomas clandestinas y los riesgos asociados, pero su actividad se ha enfocado en clausurar las tomas sin adoptar medidas necesarias y efectivas para abordar el problema de la extracción ilegal, lo que evidencia una «indiscutible falta de debida diligencia».