Después de casi 14 horas de audiencia, el exgobernador de Guerrero, Ángel Heladio N., fue vinculado a proceso por el delito de desaparición forzada de personas, en la hipótesis de ocultamiento de información por parte de un servidor público, por su probable relación con la desaparición de videos captados la noche de Iguala.
El juez reclasificó la conducta planteada por la Fiscalía General de la República y determinó que existen elementos para continuar el proceso penal, sin que ello implique establecer la responsabilidad del exmandatario.
Además, ratificó la prisión preventiva, por lo que permanecerá en el Centro Federal de Reinserción Social Número 1, conocido como el penal del Altiplano, y fijó cuatro meses para el cierre de la investigación complementaria.
La acusación de la FGR se sustentó principalmente en las declaraciones de exfuncionarias del Tribunal Superior de Justicia de Guerrero, entre ellas la expresidenta de ese órgano, Lambertina N., y la exvisitadora general, Blanca María del Rocío N., ambas vinculadas a proceso.
Según la Fiscalía, sus testimonios permitieron establecer que las grabaciones obtenidas de las cámaras 12 y 15, instaladas en las inmediaciones del Palacio de Justicia de Iguala, sí existieron y que la orden de desaparecerlas habría provenido de la cúpula del Poder Ejecutivo estatal.
La FGR sostiene que el 29 de septiembre de 2014 Lambertina N. recibió del área de informática un sobre con los discos que contenían las imágenes. Posteriormente, Blanca María del Rocío N. habría sustraído el material y lo habría entregado al entonces gobernador alrededor de las 20:30 horas, durante una reunión en Palacio de Gobierno.
En las grabaciones presuntamente se observaba la intercepción del autobús Estrella de Oro 1531, así como la actuación de policías y hombres armados durante el traslado de varias personas. Durante años, la ausencia del material fue atribuida a fallas técnicas en las cámaras.
Los videos corresponden a los hechos del 26 y 27 de septiembre de 2014, cuando estudiantes de la Escuela Normal Rural Raúl Isidro Burgos fueron atacados en distintos puntos de Iguala. La jornada dejó seis personas asesinadas, entre ellas tres normalistas, y 43 estudiantes desaparecidos.
Durante la diligencia, la defensa presentó y desahogó los 31 datos de prueba anunciados para intentar desacreditar la imputación. Entre ellos figuraron testimonios de exfuncionarios, agendas, documentos oficiales, actas de reuniones, registros de actividades, publicaciones periodísticas y contenido difundido en redes sociales.
Para demostrar que Ángel Heladio N. no se encontraba en Chilpancingo cuando presuntamente recibió los discos, compareció el excoordinador general de Transporte Aéreo del Gobierno de Guerrero, Felipe Martín Ornelas Rebollo.
El testigo declaró que el entonces gobernador salió de Chilpancingo alrededor del mediodía del 29 de septiembre y llegó a la Ciudad de México cerca de las 15:00 horas.
Posteriormente, participó en una reunión con el entonces secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, la cual concluyó aproximadamente a las 19:00 horas.
Según su versión, el convoy regresó a Casa Guerrero alrededor de las 23:00 horas, por lo que los abogados sostuvieron que el exmandatario no pudo recibir las grabaciones en Palacio de Gobierno a las 20:30.
También compareció el exsecretario general de Gobierno de Guerrero, Jesús Martínez Garnelo, quien relató las actividades desarrolladas entre el 26 y el 30 de septiembre de 2014, así como las reuniones de seguridad celebradas después de los ataques contra los normalistas.
Ángel Heladio N. declaró durante la audiencia y atribuyó los señalamientos a una represalia de la exvisitadora general del Tribunal de Justicia que aseguró haberle entregado las grabaciones.
El exgobernador también sostuvo que su administración solicitó a la entonces Procuraduría General de la República detener al alcalde de Iguala, José Luis Abarca, por sus presuntos vínculos con la delincuencia organizada.
Al resolver, el juez determinó que los datos presentados permitían continuar el proceso y vinculó al exgobernador por delito de desaparición forzada de personas, en la hipótesis de ocultamiento de información por parte de un servidor público.
Con la resolución comenzó el periodo de cuatro meses de investigación complementaria, durante el cual la FGR, la defensa y la representación de las víctimas podrán incorporar nuevos elementos.