Por: Diego Herrera
El Vicealmirante Manuel Roberto Farías Laguna, actualmente recluido en el Centro Federal de Readaptación Social (Cefereso) número 1, Altiplano, ha enviado una quinta carta a la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo. En la misiva, el mando naval denuncia haber sido vinculado a proceso penal sin pruebas contundentes y solicita la intervención directa del Ejecutivo para garantizar su derecho a una defensa adecuada.
Farías Laguna, quien enfrenta cargos por delitos en materia de hidrocarburos, delincuencia organizada y operaciones con recursos de procedencia ilícita, sostiene que su vinculación a proceso en la causa penal 325/2025 carece de circunstancias de tiempo, modo y lugar. El Vicealmirante afirma ser víctima de un «efecto corruptor» derivado de una conferencia de prensa realizada un día antes de su audiencia de vinculación, donde fue exhibido públicamente como culpable.
«Se me exhibió como culpable… ocasionando que ya tenga ocho meses privado de mi libertad, sujeto a una vulneración sistemática de mi presunción de inocencia», señala el documento enviado a la Presidencia.
Uno de los puntos centrales de la denuncia es la supuesta opacidad por parte de la Fiscalía General de la República (FGR) y la Secretaría de Marina (Semar). Farías Laguna asegura que no ha tenido acceso completo a la carpeta de investigación.
Además, acusa que la Semar pretende reservar información clave bajo el argumento de seguridad nacional, lo cual, según sus palabras, le impide presentar pruebas necesarias para demostrar su inocencia y lo coloca en un estado de indefensión total.
El Vicealmirante es señalado por las autoridades federales de formar parte de una red delictiva dedicada a la introducción ilegal de millones de litros de combustible mediante buques, esquema conocido como huachicol fiscal. A pesar de la gravedad de los cargos, el mando naval insiste en que cuenta con las pruebas suficientes para sustentar su inocencia si se le permite un proceso justo y transparente.
En su carta, Farías Laguna apela a la justicia que la presidenta Sheinbaum ha mencionado en sus recientes «conferencias del pueblo», solicitando que se ordene a la FGR y a la Semar proporcionar la información requerida para su defensa, en congruencia con el Estado de Derecho.