· Quien no haya cumplido con esta disposición podría ser sancionado
El pasado 31 de mayo a las 23:59 horas, venció el plazo para que los funcionarios del Ayuntamiento de Tizayuca entregarán a la Secretaría de la Contraloría Municipal su declaración patrimonial, la cual forma parte de las disposiciones legales que deben cumplir cada año para transparentar los recursos que perciben como sueldo por su desempeño.
Los responsables de cumplir con la declaración es de más de 200 funcionarios municipales, entre los que se encuentran: secretarios, directores, subdirectores, supervisores, encargados de área, notificadores, oficiales conciliadores, inspectores, comandantes y coordinadores.
Cabe señalar que la Secretaría de la Contraloría Municipal tiene la facultad de recibir las declaraciones patrimoniales anuales y de conclusión de funcionarios municipales y ex servidores públicos que hayan prestados sus servicios durante el ejercicio fiscal del 2015.
Con “esta acción se da cumplimiento a lo que marca la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado y Municipios de Hidalgo, por lo que existe plena confianza en que los funcionarios atendieron el compromiso de la rendición personal de cuentas a través de sus declaraciones patrimoniales en tiempo y forma”, se indicó.
El área encargada dio a conocer que en este momento se realiza un análisis detallado de cada una de las áreas para asegurar que todos hayan entregado su documentación y en caso de que exista algún funcionario que no haya cumplido, este tendrá una prórroga de tres días para que justifique el motivo del incumplimiento y en caso de que vuelva a faltar con esta medida, el caso será turnado al presidente municipal, quien será la autoridad encargada de establecer la sanción administrativa que habrá de imponer.
Puntualizó que las sanciones pueden ser las siguientes dependiendo del caso: apercibimiento público o privado, amonestación privada o pública, suspensión, destitución del cargo, sanción económica, inhabilitación temporal para desempeñar empleos, cargos, comisiones o concesiones en el servicio público.