Ante la situación en que se encuentra el país y el estado como resultado de los efectos de la pandemia, la falta de medidas como un pobre manejo de la política económica, así como la ausencia, en la toma de decisiones eficientes, es necesario y urgente que el Gobierno Federal cumpla con su misión de proteger el ingreso de las familias mexicanas, aseguró el presidente en Hidalgo de la COPARMEX, Ricardo Rivera Barquín.
Añadió que contrario a lo que sucede en otras naciones donde se apoya de manera importante al sector empresarial, en México el Gobierno no ha aplicado medidas eficaces para proteger a los generadores de empleo formal, los principales contribuyentes de impuestos y de la seguridad social con la cual, en una limitada estrategia, se ha atendido al creciente número de pacientes de contagio de Covid-19.
Refirió que debido a la indiferencia del Gobierno de la República para con las empresas, y de acuerdo a la estadística del Instituto Mexicano del Seguro Social, en abril de 2020, se han perdido en el país 555 mil 247 empleos, además de que lo más alarmante es que si se sigue con este ritmo de pérdida estrepitosa de empleos, para finales de mayo se habrán perdido más de 1.3 millones de posiciones de trabajo.
El también, empresario, aseguró que ante este escenario de debacle financiera para los generadores de empleos, resulta urgente que, el Gobierno Federal cumpla con su misión de proteger el ingreso de las familias mexicanas, a través de la aplicación del #SalarioSolidario propuesto por Coparmex, que en el mundo se conoce, entre otras acepciones, como salario emergente.
Afirmó: “El #SalarioSolidario es un modelo para que las empresas puedan subsistir, que consiste en la aportación transitoria por parte del Gobierno Federal, para cubrir un porcentaje de la remuneración de cada trabajador”.
Refirió que lo anterior se compone por una contribución solidaria del gobierno, que complementa la aportación primordial del patrón, y en los rangos medios y altos, de una contribución pasiva por parte del trabajador, de tal manera que la empresa no pierda su liquidez y pueda mantener su plantilla laboral completa. En los niveles de bajo ingreso, de hasta tres salarios mínimos, la aportación gubernamental y la de la empresa, serían por partes iguales, lo cual permitiría que el trabajador mantenga el cien por ciento de sus ingresos.