En 2016, Hidalgo registró que 9 mil 70 adolescentes, de entre 10 a 19 años, se convirtieron en madres; de esa cifra, 235 fueron niñas de 10 a 14 años de edad, de acuerdo a datos proporcionados por el secretario de Salud estatal, Marco Antonio Escamilla, durante su comparecencia en el Congreso Legislativo el año pasado.
Para Lidia García, candidata a diputada federal en el Distrito VI con cabecera en Pachuca por MORENA, urge replantear políticas públicas para prevenir embarazos a edades tan tempranas porque hasta ahora la Estrategia Nacional para la Prevención del Embarazo en Adolescentes, implementada por el gobierno federal no logra disminuir las cifras.
“Las consecuencias de un embarazo a temprana edad, especialmente en niñas de apenas 10, 11 o 12 años, son recién nacidos desnutridos y partos prematuros pues la gran mayoría nacen antes de la semana 37 de gestación”, destacó la candidata de MORENA.
En el marco de la presentación del proyecto “Desarrollo de estrategias para la prevención del embarazo durante la adolescencia en Hidalgo y Puebla” que aplicará la asociación civil Servicios de Inclusión Integral y Derechos Humanos, SEIINAC, Lidia García destacó que un estudio realizado por ellos, reveló que de las personas que han tenido hijos o hijas, 48 por ciento aseguró haberlo hecho entre los 15 y los 17 años, es decir, de los encuestados casi la mitad fue madre o padre antes de la mayoría de edad.
“Es muy grave constatar que el derecho que más se violenta entre las y los adolescentes, especialmente en Hidalgo, es a tener información sobre cómo ejercer la sexualidad de manera libre y responsable”.
Sin embargo, otro aspecto de preocupación para Lidia García es que “en el caso de las 235 niñas de 10 a 14 años, convertidas en madres, ahí estamos hablando de otra problemática porque seguramente fueron víctimas de violencia sexual y no resguardaron su derecho a interrumpir un embarazo que puso su vida en peligro”.
Frente al tema de embarazos en adolescentes, la candidata de Morena a diputada federal, Lidia García, se comprometió a trabajar de manera puntual en la gestión de recursos que respalden esfuerzos institucionales y de la sociedad civil en la educación sexual para lograr una prevención real, pero también en el combate a la violencia sexual donde niños y niñas son las principales víctimas.