El gobierno del presidente estadounidense, Donald Trump, anunció este lunes “asistencia de viaje” y el pago de 1,000 dólares a los migrantes que usen una aplicación gubernamental para “autodeportarse”.
Desde que comenzó su segundo mandato en enero, el magnate republicano tomó medidas drásticas para frenar la migración e impulsó una campaña que alienta a los extranjeros en situación irregular a “autodeportarse”.
El Departamento de Seguridad Interior (DHS) lanzó la aplicación móvil CBP Home para que comuniquen al gobierno su intención de irse del país.
En un comunicado el DHS califica de “oportunidad histórica” la posibilidad de que los extranjeros “reciban asistencia financiera y de viaje para facilitar su regreso a su país de origen a través de la aplicación CBP Home”.
Concretamente recibirán 1,000 dólares “una vez confirmado su regreso a su país de origen a través de la aplicación”.
El gobierno calcula que el uso de la aplicación “reducirá los costos de una deportación en aproximadamente un 70 %”, incluso con el pago de la ayuda.
Actualmente, el costo promedio de arrestar, mantener en detención y expulsar a un extranjero en situación irregular “es de 17.121 dólares”, según la administración.
Según el DHS, un hondureño ya utilizó el programa “para obtener un billete de avión de Chicago a Honduras”.
En una reunión de gabinete en abril, Noem mencionó la cifra de “20 mil 21 millones de personas que tienen que volver a casa”.
Según datos oficiales, en 2022 vivían 11 millones de migrantes en situación irregular o con estatus temporal en Estados Unidos.
El gobierno de Trump considera “criminales” a todos los migrantes que han entrado sin visa ni permiso, y también a algunos de los que abrieron expedientes de solicitud de asilo durante el mandato del expresidente demócrata Joe Biden.
Según datos gubernamentales, las autoridades han detenido a más de 168 mil migrantes en 2025, incluidos más de 600 presuntos miembros de la banda venezolana Tren de Aragua, que Trump ha declarado organización “terrorista” global.
Washington ha deportado a casi 300 personas a las que acusa de ser pandilleros del Tren de Aragua y de la pandilla MS-13 a la prisión del Centro de Confinamiento del Terrorismo (CECOT) en El Salvador, que se prestó a recluirlos al cambio del pago de seis millones de dólares, según la Casa Blanca.
Algunos abogados de los deportados niegan que sus clientes sean pandilleros. Aseguran que han sido detenidos solo por sus tatuajes.
Varias asociaciones de defensa de los derechos civiles también denuncian la expulsión de migrantes sin la garantía de un debido proceso.