- El organismo es uno de los ejes rectores del Sistema Estatal Anticorrupción, destaca la magistrada Percys Susana Cravioto Luna en su segundo informe
A partir del próximo 18 de julio, el Tribunal Fiscal Administrativo del Poder Judicial del Estado de Hidalgo (TFA) será competente para juzgar a servidores públicos que cometan faltas administrativas graves y a los particulares que se encuentren vinculados a esos actos de corrupción, indicó la magistrada presidenta del organismo, Percys Susana Cravioto Luna.
Al rendir su informe de actividades 2016-2017, explicó que esta nueva atribución es producto de las reformas legales propuestas por el gobernador Omar Fayad Meneses que dieron origen al Sistema Estatal Anticorrupción, el cual considera al TFA uno de sus ejes rectores y por ese motivo cambiará su nombre por el de Tribunal de Justicia Administrativa.
Además, se fortalecerán sus facultades para resolver las confrontaciones entre el poder público y los ciudadanos, así como las relativas a la responsabilidad patrimonial del estado, agregó durante sesión extraordinaria del TFA donde dio cumplimiento al artículo 82 fracción XI de la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado de Hidalgo.
En presencia de la magistrada presidenta del Tribunal Superior de Justicia (TSJEH), Blanca Sánchez Martínez; el secretario de Gobierno de Hidalgo, Simón Vargas Aguilar; el procurador de Justicia, Javier Ramiro Lara Salinas, y el presidente del Tribunal Electoral (TEEH), Manuel Alberto Cruz Martínez, consideró que el reto del Sistema Estatal Anticorrupción no es cambiar las estructuras del gobierno, sino la cultura de los servidores públicos.
Lo anterior, para lograr que en ellos impere una conducta digna que responda a las expectativas de la sociedad, “porque su labor no sólo demanda conocimientos profesionales, sino patrones de conducta asumidos libremente”, dijo.
Ante magistrados, consejeros, jueces e invitados especiales, entre ellos la magistrada electoral federal Martha Martínez Guarneros, aseguró que a 38 años de su creación el TFA se consolida como una institución que coadyuva para que el estado cumpla con su elevada misión teleológica: el bien público, y día a día se fortalece ante la opinión pública como una sólida columna de la gobernabilidad y búsqueda del valor de la justicia.
Sobre la situación que guarda la impartición de justicia fiscal y administrativa en la entidad, dio a conocer que en el periodo 2016-2017 en la Primera Sala del TFA se recibieron 255 demandas, 46 contra autoridades de la administración pública estatal, 200 contra autoridades municipales, ocho contra organismos públicos descentralizados y una contra el Instituto Estatal Electoral.
De estos expedientes fueron dictadas 245 sentencias definitivas y 15 interlocutorias, mientras que las partes promovieron ocho amparos indirectos, de los cuales tres fueron sobreseídos y dos desechados.
Asimismo, la Segunda Sala conoció 256 demandas, 52 contra autoridades de la administración pública estatal, 194 contra municipios, siete contra organismos públicos descentralizados y una contra el Instituto Estatal Electoral.
En este caso fueron emitidas 275 sentencias definitivas y 22 interlocutorias, en tanto que las partes promovieron ocho amparos; de éstos, cinco se sobreseyeron, dos se desecharon y uno se encuentra pendiente de resolución.
La magistrada informó que en la Sala de Segunda Instancia el número de recursos de revisión se incrementó 300 por ciento en comparación con el año anterior, al interponerse 94 contra sentencias definitivas dictados por las salas de primera instancia.
Del total de recursos de revisión, el pleno del TFA resolvió 72; en 67 confirmó las sentencias, en dos las modificó y en tres desechó el recurso.
Contra estas resoluciones fueron promovidos ante tribunales federales 45 juicios de amparo directo, de los cuales, hasta el momento, 14 han sido negados, uno se desechó, cuatro se sobreseyeron y sólo uno fue concedido.
