Este miércoles, la presidenta Claudia Sheinbaum aseguró que su gobierno no tiene información de que la expresidenta del Instituto Nacional Electoral (INE), Guadalupe Taddei, y el empresario José Alfredo Hernández Casillas hayan abandonado México, esto en medio de las investigaciones sobre presuntas irregularidades en contrataciones del organismo electoral.
En la conferencia mañanera, la mandataria informó que solicitó datos al Instituto Nacional de Migración (INM) para conocer si las personas señaladas habían salido del territorio nacional. Explicó que las autoridades migratorias respondieron que esa información no puede hacerse pública debido a que se trata de datos personales protegidos por la ley.
“Ellos me contestan, pues, que es información que no se puede hacer pública, por ser un asunto personal. No tenemos ninguna información, lo puedo decir, de que ella haya salido del país”, afirmó.
Por otra parte, acusó a la oposición de impulsar una estrategia para desacreditar anticipadamente las elecciones intermedias de 2027, ante su falta de credibilidad y bajos niveles de aceptación ciudadana, mediante cuestionamientos al INE y denuncias sobre presuntas irregularidades en contratos millonarios relacionados con materiales electorales.
“Ahora que hay en el fondo también querer desacreditar la elección del 2027, porque ese es el objetivo, porque como la oposición tiene tan poca credibilidad y está tan baja en las encuestas que ahora lo que buscan, pues es desacreditar la elección del 2027”, sostuvo.
La jefa del Ejecutivo sostuvo que los procedimientos de contratación y licitación deben ser revisados para esclarecer si existieron condiciones que favorecieron a determinadas empresas y permitieron la concentración de negocios relacionados con la organización de elecciones. “Que se investigue todo, todo, que la Auditoría Superior de la Federación investigue todo, pero desde antes”, exigió.
Sheinbaum planteó que la Auditoría Superior de la Federación (ASF) debe revisar las contrataciones y que, de encontrarse posibles delitos, correspondería intervenir a la Fiscalía General de la República (FGR).
De igual forma, señaló que los cuestionamientos actuales deben acompañarse de una revisión histórica del desempeño de las autoridades electorales, particularmente durante la elección presidencial de 2006 con el fraude electoral.