- La dignificación de los centros penitenciarios es un elemento necesario para lograr una verdadera reinserción social
La Secretaría de Seguridad Pública de Hidalgo, acorde a los tiempos de transformación, ha llevado a cabo una constante labor para mejorar y dignificar los Centros de Reinserción Social del estado, así como una adecuada administración y gobernabilidad.
El Diagnóstico Nacional de Supervisión Penitenciaria, emitido por la Comisión de Derechos Humanos correspondiente al año 2022, constituye un punto de partida importante para establecer los desafíos y retos en los que se ha venido trabajando desde septiembre pasado.
En este sentido, en los últimos meses se han implementado diferentes acciones enfocadas a mejorar las condiciones de vida de las Personas Privadas de su Libertad (PPL) con el propósito de no vulnerar los derechos humanos.
Por ello, respecto a los servicios médicos, se han realizado 6 mil consultas intramuros, 704 pruebas rápidas para la detección de VIH y sífilis, así como nueve cirugías; mientras que toda la población penitenciaria fue vacunada contra Covid 19.
En cuanto al programa de alimentación, dentro de los Centros de Reinserción Social de Hidalgo se brindan comidas que incluyen lácteos, carnes, cereales, además de frutas y verduras.
De igual manera, a fin de fortalecer el modelo para una efectiva reinserción social y desarrollar actividades productivas durante su reclusión, se han firmado diferentes convenios; uno de ellos con el Instituto Hidalguense de Educación para Adultos, donde las PPL tienen acceso a servicios de asesoría académica y gestoría de trámites para la certificación de los niveles primaria, secundaria y preparatoria abierta.
Asimismo, se desarrollaron eventos artísticos, culturales y deportivos, conferencias informativas y talleres vivenciales; mientras que en lo referente a infraestructura, se han habilitado nueve espacios, mejoras en los inmuebles y rehabilitado 17 espacios.
Con estas acciones se busca contrarrestar las condiciones observadas con anterioridad y que en el futuro instrumento de evaluación correspondiente al año 2023, se evidencie el trabajo realizado en respetar, proteger y garantizar los derechos humanos de todas las personas sin importar su situación jurídica.
