- A diferencia del sistema tutelar, que no otorgaba garantías a los menores infractores, el modelo actual ya los considera sujetos de derecho
El Sistema de Justicia para Adolescentes no es benévolo ni genera condiciones para que los delitos cometidos por menores queden impunes. Por el contrario, favorece a la víctima al darle la posibilidad de lograr una inmediata reparación del daño, aseguró la jueza Martha Leticia Hernández Amador.
La funcionaria del Poder Judicial de Hidalgo explicó los pormenores de este sistema integral que fue creado en 2005 y reforzado en 2015 por medio de una reforma al artículo 18 constitucional.
Dijo que a diferencia del sistema tutelar, que no otorgaba garantías a los menores infractores, el modelo actual ya los considera sujetos de derecho, lo cual les permite, por ejemplo, contar con una debida defensa bajo un procedimiento jurisdiccional y no administrativo como el que se aplicaba antes.
“Ahora es un sistema garantista. Anteriormente no se tenía ni siquiera la posibilidad de acceder a la solución de un conflicto sin someterse a un procedimiento más amplio”, indicó la jueza especializada en justicia para adolescentes del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Hidalgo (TSJEH).
Hernández Amador explicó que el sistema aplica para los menores de entre 12 años cumplidos y menos de 18 años, pero divide en tres grupos etarios a los adolescentes: uno que abarca de los 12 años a los 14 no cumplidos, otro de los 14 a los 16 no cumplidos y uno más de los 16 a los 18 no cumplidos. “Para cada uno hay reglas diferentes”, subrayó.
La jueza destacó que la Ley Nacional del Sistema Integral del Justicia Penal para Adolescentes, publicada en junio de 2016, homologa en las 32 entidades del país la temporalidad del internamiento para menores, precisa la justicia restaurativa e integra disposiciones en materia de prevención de la delincuencia, donde se involucra no sólo a la autoridad jurisdiccional sino también al sistema educativo, la comunidad y la familia.
Además, contempla el principio de mínima intervención, donde el internamiento es considerado una medida extrema y por el menor tiempo posible.
“También incluye un catálogo de delitos donde puede aplicarse el internamiento, que no opera en todas las conductas. Y este es un problema serio: la sociedad muchas veces sanciona de manera enérgica a los jóvenes y piensa que la única sanción ejemplar debe ser el internamiento, cuando no es así
“La experiencia que tenemos nos ha permitido constatar que los jóvenes que tienen medidas en externamiento sí logran reintegrarse a la sociedad, sí logran tener una educación, sí logran tener un oficio que les permite desarrollar su vida en el marco legal y conforme a la norma social”.
De acuerdo con Hernández Amador, un adolescente bajo proceso que esté en internamiento debe ser sentenciado en un plazo de cinco meses, pues en caso contrario el juez debe decretar su libertad inmediata. Si está en externamiento, el periodo para recibir sentencia es de seis meses.
En Hidalgo, los juicios contra adolescentes son orales desde marzo de 2007. Las audiencias regularmente son privadas, y sólo si el imputado solicita que sean públicas se llevan a cabo de esta manera, dijo.
