La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo explicó este martes que la regulación del sector de telecomunicaciones solo contempla sanciones financieras bajo tres omisiones específicas, descartando cualquier intento de censura informativa.
La mandataria detalló durante la conferencia matutina el esquema operativo de la nueva legislación y enfatizó que el régimen de sanciones no interviene con los contenidos periodísticos ni con la libertad de expresión de las concesionarias.
«Es absolutamente falso porque el gobierno no interviene y el único única forma en que esta comisión que tiene autonomía técnica pueda sancionar a un medio con una multa es tres acciones que no cumpla», señaló.
La aplicación de una multa a medios de comunicación queda estrictamente acotada a tres causales administrativas.
La primera de ellas ocurre si la empresa radiodifusora o televisora omite hacer público su código de ética correspondiente.
El segundo motivo aplica si la empresa no realiza la designación formal de su defensor de las audiencias, figura encargada de atender las observaciones del público.
La tercera falta sancionable consiste en no habilitar un canal o mecanismo claro para recibir los reclamos ciudadanos. Si la concesionaria cumple con estos tres requerimientos, no existirá posibilidad alguna de recibir una multa a medios de comunicación.
Del mismo modo, las transmisiones deberán explicitar mediante avisos al principio y al final si la programación combina segmentos informativos y de opinión, garantizando el derecho de las audiencias sin alterar las posturas editoriales.
El marco regulatorio fue elaborado tras la participación de la Cámara de la Industria de Radio y Televisión (CIRT) y se encuentra en fase de consulta pública. Las autoridades reiteraron que el proceso de vigilancia técnica respeta los contenidos y que solo el incumplimiento administrativo derivará en una multa a medios de comunicación.