El que Pablo Pérez Martínez haya modificado los sistemas de operación financiera de la Secretaría de Educación Pública de Hidalgo, para que desde la Subsecretaría de Administración y Finanzas pudiera disponer libremente junto con su director de recursos financieros José Antonio Turrubiarte, del presupuesto que tuvo esta dependencia entre 2011 y 2016, no significa que al menos cuatro ex secretarios supieran o sospecharán de las maniobras poco claras.
Desde los dos secretarios de educación en la pasada administración, Joel Guerrero y Miguel Ángel Cuatepotzo, hasta la Secretaria de la Contraloría Flor de María López y el de Finanzas Aunar de la Rocha, debieron por la obligación de sus cargos de conocer que desde su llegada a la Subsecretaria de Finanzas, Pérez Martínez incurrió en irregularidades.
La primera fue modificar los esquemas de accesos a las cuentas bancarias de las instituciones Banamex y Santander, sólo él y el hoy ex funcionario detenido, podían firmar cheques, disponer de dinero, transferir recursos y saber de las radicaciones de partidas federales y estatales o las donaciones de algunas fundaciones, nadie más podía tocar el dinero que entraba.
De ahí se desencadenan muchas más, por ejemplo, el haber destinado los 68 millones de pesos por los que son acusados de peculado, para supuestas becas, sin que existiera documentación alguna o padrón de beneficiarios y comprobar la salida del dinero con simples pólizas que tiene la leyenda “pago de becas”.
Tanto los Secretarios de Educación como de Finanzas, sabían del presupuesto y su entrega de manera periódica, su obligación aunque no firmarán ni tuvieran accesos a cuentas era junto con la de la Contraloría, verificar que se cumpliera con la normatividad y lineamientos de transparencia en su ejecución.
Los despachos contables contratados para auditar y dictaminar las cuentas de la SEPH debieron entregar por obligación los reportes donde se anotaban estas inconsistencias o no lo hicieron y se hizo caso omiso de las advertencias.
Son muchas aun las interrogantes como también los que pudieran estar implicados por acción u omisión y sólo un detenido y un prófugo que tienen algunas de las respuestas a este sonado caso de corrupción, en el que aparentemente se traicionó la confianza del ex mandatario estatal Francisco Olvera.