Con la finalidad de que todas las secretarías multipliquen resultados en la entidad y hagan más eficiente su gasto público; la secretaria de finanzas públicas, Jessica Blancas Hidalgo, impulsa la agenda hacendaria mediante capacitaciones para el presupuesto a todos los organismos.
A estas capacitaciones con organismos descentralizados asistieron administrativos de los Sistemas, Institutos, Comisiones, Centros Estatales, Escuelas, Consejos, Servicios, Teatros, Operadoras, Corporaciones, Agencias, Bachilleratos, Colegios, Universidades así como Radio y Televisión de Hidalgo de las Secretaría de Movilidad y Transporte, Secretaría de Obras Públicas y Ordenamiento Territorial, Secretaría del Trabajo y Previsión Social, Secretaría de Cultura, Secretaría de Salud, Secretaría de Seguridad Pública, Secretaría Turismo, Secretaría Desarrollo Económico, Secretaría de Gobierno, Secretaría Ejecutiva de la Política Pública Estatal y la Secretaría de Educación Pública. De los No Sectorizados el Rehilete, DIFH y CITNOVA. Todo ello para integrar el Paquete Hacendario 2019.
Durante su intervención, Jessica Blancas, expuso que en el gobierno del estado y como Secretaría de Finanzas supervisan trimestralmente pero sobre todo, ayudan para el proceso de gestión de los recursos mismos que deben establecer criterios en cada área administrativa de los organismos, los cuales deben alinearse a la política pública y a una adecuada planeación para integrar el Paquete Hacendario; ejerciendo los recursos pensando en el bienestar de las personas. “Debemos ser transparentes y tomar decisiones correctas pues ello determina mejorar las condiciones para las y los hidalguenses”. Agregó que los instrumentos de ésta política pública, deben de establecer el monto y destino de los recursos públicos para cada ejercicio fiscal, siguiendo un esquema de planeación, programación, presupuestación, ejercicio y control, seguimiento, evaluación, así como de rendición de cuentas.
En este sentido, reiteró que cumplen con la instrucción del gobernador Omar Fayad, de establecer mecanismos de control y disciplina financiera para que todos los procesos que convergen en el uso y destino de los recursos públicos, tengan una correcta evaluación que permita tomar las mejores decisiones sobre la continuidad de los programas gubernamentales, así mismo, de esta manera se legitima la acción del gobierno y permite medir el impacto real en la ciudadanía, ya no como un tema de normatividad, sino como un tema de exigencia social, en donde el destino de los recursos sea totalmente transparente a los ciudadanos.