Al menos 300 militantes de la UNTA y pobladores de San Guillermo la Reforma y colonias vecinas de Mineral de la Reforma marcharon desde la colonia 11 de Julio hasta la presidencia municipal para exigirle a las autoridades municipales, protección civil y la comisión de vivienda que se delimiten las zonas de riesgo y se evite que terceras personas vendan lotes de manera ilegal a familias necesitadas.
Los manifestantes encabezados por Martha López Ríos dirigente estatal de la UNTA se plantaron afuera del palacio municipal a las 10 de la mañana de este miércoles y con consignas exigieron una reunión con las autoridades, los quejosos señalaron que se han fraccionado y vendido terrenos a familias necesitadas que cuando pretenden regularizarlos se enteran de que fueron estafados al adquirir una propiedad que no es habitable debido a que se encuentra en una zona de riesgo.
Esta problemática afecta al menos a 140 familias de San Guillermo la reforma quienes pagaron por sus predios entre 5 mil y 70 mil pesos, al encontrarse en una zona propiedad de la compañía minera Real del Monte no pueden obtener sus escrituras ni cuentan con los servicios básicos de agua, drenaje y luz.
Después de más de 4 horas de plantón las autoridades municipales recibieron a una comisión y tras varios minutos de dialogo se acordó que se dará solución a las demandas de los pobladores, de manera inmediata se dotara de alumbrado y vigilancia por parte de la secretaria de seguridad pública municipal en los predios donde habitan estas familias.
Además protección civil delimitara y señalizará debidamente las zonas de riesgo que no se pueden habitar, se determinara cuantas familias se encuentran en situación de peligro para buscar alternativas de reubicación, así mismo se pedirá la colaboración de la Procuraduría de Justicia del Estado para investigar y castigar a los responsables de vender lotes de manera ilegal en zonas prohibidas.
Una vez firmados los acuerdos y cerca de las 2 de la tarde los manifestantes se retiraron del palacio municipal señalando que estarán pendientes de que se cumplan los acuerdos firmados con las autoridades y en caso de ser necesario volverán a manifestarse.