- Gobierno estatal dotará de herramientas a los municipios para integrar la información y documentación comprobatoria del gasto público de forma correcta y oportuna
Bajo la política de tolerancia cero al desvío de recursos públicos para beneficio personal que mantiene el gobierno de Julio Menchaca Salazar, se puso en marcha la modalidad de Auditorías tipo Colmena, de la Auditoría Superior de la Federación (ASF); encaminadas a la fiscalización de las participaciones federales de los municipios.
“Miles de voces nos exigen una lucha frontal a la corrupción, tope donde tope y cueste lo que cueste; donde prevalezca la verdad, la justicia y la recuperación de lo robado al pueblo”, aseveró al respecto Álvaro Bardales Ramírez, titular de la Secretaría de Contraloría en la entidad.
En ese sentido, rumbo a la transformación del servicio público para beneficio del pueblo y no para el enriquecimiento desmedido de unos cuantos, el gobierno de Julio Menchaca busca mantener las instituciones estatales como un referente de transparencia.
Por eso, la meta trazada por el mandatario estatal es que su administración establezca los mecanismos y proporcione las herramientas, que permitan incrementar la presencia de fiscalización y percepción de riesgo en los 84 ayuntamientos de la entidad.
Bajo este panorama, Álvaro Bardales trabaja de la mano con la ASF para llevar a cabo 35 auditorías a 28 municipios.
Entre los que se encuentran: Acaxochitlán, Actopan, Apan, Atotonilco de Tula, Huautla, Huazalingo, Huehuetla, Huejutla de Reyes, Huichapan, Ixmiquilpan, Lolotla, Meztitlán, Mineral de la Reforma, Mineral del Chico, Mineral del Monte, Cuautepec, Mixquiahuala, Nopala de Villagrán, Pachuca de Soto, San Felipe Orizatlán, Tepeji del Río, Tezontepec de Aldama, Tizayuca, Tlanchinol, Tula de Allende, Tulancingo, Xochiatipan y Yahualica.
La Auditoría Colmena se centra únicamente en la revisión total de la gestión de los recursos de origen federal respecto a un acto en concreto; tales como las adquisiciones de bienes o servicios, la realización de obras públicas o el pago de servicios personales.
La fuente de financiamiento debe ser las aportaciones federales (FISMDF y FORTAMUN), así como las que en cuya revisión abarcan toda la gestión de ejecución de ese recurso.
Cabe destacar que la ASF tiene atribuciones para revisar los recursos federales transferidos, en sus dos componentes: el Gasto Federalizado Programable y las Participaciones Federales.
En ese tenor, durante el arranque de los trabajos que se llevó a cabo este día en la capital hidalguense, Bardales Ramírez dijo que, gracias a la creación del Sistema Nacional de Fiscalización, por iniciativa de la ASF, se tiene un modelo integrado por principios y actividades estructuradas y vinculadas entre sí.
Bajo una misma visión profesional, con estándares similares, valores éticos y capacidades técnicas, que garantiza a la ciudadanía que la revisión al uso de los recursos públicos sea ordenada, sistemática e integral.
De igual forma, el servidor público afirmó que “nunca más debe haber una dádiva para los inspectores y auditores de obra pública”, por lo cual reiteró el firme compromiso que tiene el organismo a su cargo para abatir el rezago heredado a través de miles de actas de ‘entrega-recepción’ de obras públicas municipales que no se concluyeron debido a diversos actos de corrupción.
Por último, recalcó que desde el inicio de esta administración, derivado de las labores de auditoría algunos ayuntamientos fueron observados; 6 de ellos con procedimientos de responsabilidades en la Procuraduría y posteriormente separados de sus funciones.
