Rubén Rocha Moya regresó este viernes a la gubernatura de Sinaloa a más de 110 días de haber pedido licencia después de que el gobierno de Estados Unidos anunciara que lo investiga por sus nexos con Los Chapitos y solicitara su extradición al gobierno de Claudia Sheinbaum.
A través de su cuenta en X, Rocha Moya señaló que durante los 112 días que permaneció separado temporalmente de la gubernatura se puso a disposición de las autoridades mexicanas para ser investigado por las acusaciones en su contra y aseguró que compareció personalmente ante la Fiscalía General de la República (FGR).
El mandatario sostuvo que respondió a las preguntas y solicitudes de los agentes del Ministerio Público y afirmó que tras las investigaciones, la FGR informó que no existen elementos de prueba que sustenten su participación en alguna conducta delictiva.
El gobernador aseguró que decidió enfrentar las indagatorias como un ciudadano y sin hacer uso del fuero constitucional correspondiente a su cargo, al que, dijo, renunció por convicción personal.
Rocha Moya sostuvo que las acusaciones en su contra fueron falsas y estuvieron motivadas políticamente, además de considerar que buscaron afectar la soberanía nacional.
Tras concluir el proceso de investigación, afirmó que continuará al frente del Poder Ejecutivo de Sinaloa hasta el 31 de octubre de 2027, fecha en que concluye el mandato para el que fue electo.
«Es mi deber cumplir con el mandato de las y los sinaloenses, quienes me eligieron como titular del Poder Ejecutivo para gobernar hasta el 31 de octubre de 2027», escribió en sus redes sociales al anunciar su regreso.
El caso comenzó el 29 de abril de 2026, cuando el Departamento de Justicia de Estados Unidos presentó una acusación contra Rocha Moya y otros diez funcionarios y exfuncionarios de Sinaloa.
El Departamento de Justicia de Estados Unidos informó que los acusados presuntamente conspiraron con dirigentes del Cártel de Sinaloa para facilitar la importación de grandes cantidades de drogas a territorio estadounidense a cambio de apoyo político y sobornos.
La acusación incluye delitos relacionados con tráfico de drogas y armas. Entre los señalados aparecen también el senador Enrique Inzunza Cázarez; el alcalde de Culiacán, Juan de Dios Gámez Mendívil; el exsecretario de Finanzas Enrique Díaz Vega; el vicefiscal Dámaso Castro Zaavedra y funcionarios o exfuncionarios de seguridad pública. De acuerdo con la acusación estadounidense, Rocha Moya habría mantenido una relación de beneficio mutuo con integrantes de Los Chapitos, facción encabezada por hijos de Joaquín “El Chapo” Guzmán.
Los fiscales estadounidenses sostienen que miembros de esa organización habrían intervenido para favorecer políticamente a Rocha durante la elección de 2021, a cambio de protección posterior para sus actividades criminales.