La reforma para prolongar la presencia del Ejército en las calles hasta 2028 para auxiliar en tareas de seguridad pública consiguió este jueves el aval de 17 legislaturas locales, lo requerido para su aprobación.
Los Congresos del Estados de México, Hidalgo, Nayarit y Sonora se unieron a la lista de entidades que dieron su aval a la reforma y ahora solo se espera que sea publicada en el Diario Oficial para que entre en vigor.
Previamente 13 congresos locales aprobaron la reforma: Oaxaca, Tlaxcala, Sinaloa, Ciudad de México, Chiapas, Tabasco, Baja California, Puebla, Veracruz, Campeche, Quintana Roo, Michoacán y Tamaulipas.
Antes de ello, el secretario de Gobernación, Adán Augusto López, visitó algunas entidades para pedir el apoyo de los diputados para avalar la reforma.
Debido a que es una reforma constitucional, para considerarse aprobada y que entre en vigor, se necesitaba la aprobación de 17 estados.
El presidente Andrés Manuel López Obrador informó que, aunque ya se alcanzó la aprobación que se necesitaba y la reforma ya es legal, pidió al secretario de gobernación, Adán Augusto López, vaya a todos los congresos locales para saber “quién es quién” y que los legisladores locales asuman su responsabilidad.
“A ver si van a votar como representantes del pueblo o como representantes de los partidos, si van a actuar por consigna o pensando en la seguridad de la gente”.
La reforma implica modificar el decreto de reforma constitucional de 2019 que creó la Guardia Nacional. En él, se dio un plazo de cinco años, hasta 2024, para que el presidente pudiera recurrir a los militares para la seguridad pública, en tanto se consolida la Guardia Nacional. Sin embargo, ahora este plazo culminará hasta el 2028.
En la reforma se establece que el gobierno federal deberá entregar informes semestrales sobre el trabajo de soldados y marinos o formar una comisión bicameral que los vigile.
Además, se estableció la creación de un fondo para poder fortalecer a las policías locales desde 2023.
Activistas, organizaciones civiles y ciudadanos en general que se oponen a esta reforma argumentan que profundizará la militarización de la seguridad pública y, con ello, dará pie a más violencia y violaciones a los derechos humanos.