Con el propósito de que en el estado se cuente una figura legal que proteja al gobernado de los actos de los servidores públicos y funcionarios que los excluyan de los beneficios y programas sociales, y que además se encargue de blindar y proteger los programas sociales para que no sean usados o condicionados en los procesos electorales, el diputado local Celestino Abrego Escalante, propuso reactivar la figura del Ombudsman Administrativo.
Al respecto señaló que en ocasiones el poder que detentan los servidores públicos que conforman la denominada “burocracia”, se manifiesta en forma de un mal servicio, así como falta de respeto y de atención al gobernado; poca o nula sensibilidad ante las distintas problemáticas que viven los interesados; exclusión de los servicios por ignorancia o mala fe, utilización del encargo para condicionar el servicio prestado para fines ilícitos o de carácter electoral y en general, falta se verdadero compromiso con la sociedad.
El legislador, añadió que esta instancia atenderá, tramitará y resolverá lo conducente respecto de las sugerencias y, en su caso, quejas que presenten los particulares o colectividades sociales o étnicas, contra la prestación de servicios o, en su caso, exclusión indebida o condicionamiento de derechos, programas o acciones sociales de la administración pública estatal o en los municipios.
“Por ello se propone también que la Procuraduría Social, debe estar facultada para emitir recomendaciones a las dependencias de la administración pública estatal, o municipales, que se publicarían en el Periódico Oficial del Estado cuando se acredite la existencia de actos, omisiones o exclusiones indebidas que perjudiquen a un particular o a grupos de personas o etnia indígena”.
Para finalizar destacó que para la constitución de la Procuraduría Social, no se necesitan mayores recursos, al recordar que actualmente la Procuraduría de la Defensa del Trabajo funciona con un presupuesto anual de tres millones de pesos, mientras al Consejo Consultivo Ciudadano con 14 millones, por lo que es evidente que a este último se le podría disminuir un 25 por ciento para que la Procuraduría Social pueda entrar en funciones.
Refirió que un aspecto importante de la ley es que se conceden facultades para actuar e intervenir de oficio a la Procuraduría Social, cuando los medios de comunicación reporten o difundan problemas que puedan generar inconformidad o malestar social.
Por último afirmó que se otorgan facultades al Congreso local para nombrar al Procurador Social que será propuesto por organizaciones sociales e instituciones de educación superior, con lo que se garantiza una independencia y autonomía plena.