Durante la sesión ordinaria número 145 del Congreso del Estado de Hidalgo, la Diputada Local Jajaira Aceves Calva, presentó una iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforma la fracción VI del Artículo 53 de la Ley de Desarrollo Social del Estado de Hidalgo.
Jajaira Aceves mencionó que la política social es un conjunto de programas que desarrolla el Estado para fortalecer el nivel de vida de la población, principalmente en áreas como educación, salud, vivienda, seguridad social y empleo.
En la actualidad, dijo, aún prevalecen graves deficiencias en el manejo de los recursos de los programas sociales, al carecer de reglas claras y transparentes en la operación de recursos, en particular, tratándose de dinero en efectivo, lo que ha permitido su uso de forma discrecional con un gran riesgo de manipulación incluso con fines político electorales.
“Es por ello que la presente iniciativa pretende reformar la fracción VI del artículo 53 de la Ley de Desarrollo Social del Estado de Hidalgo para establecer que los recursos asignados para el desarrollo social deberán entregarse de manera directa mediante cheque, transferencia bancaria y/o en especie; y que, en ningún caso, se entregará apoyo en dinero efectivo para el desarrollo social a los beneficiarios, con la salvedad de aquellas localidades que no cuenten con servicios bancarios”, afirmó.
La propuesta de reforma al artículo 53 quedaría como sigue: VI. – Vigilar y asegurar que los recursos asignados para el desarrollo social sean ejercidos con honradez, oportunidad, transparencia y equidad, los cuales deberán entregarse de manera directa mediante cheque, transferencia bancaria y/o en especie. En ningún caso la entrega de recursos financieros se realizará en dinero en efectivo, salvo en aquellas localidades que no cuenten con servicios bancarios, garantizando la rendición de cuentas de las políticas públicas de Desarrollo Social. (Reforma)
Finalmente, Aceves Calva explicó que la medida de disminuir el manejo de dinero en efectivo permitirá, además, contribuir con un gobierno más eficiente en el que se desarrollen acciones encaminadas a combatir la corrupción y el fraude fiscal, al evitar prácticas indeseadas en el ejercicio de los recursos financieros garantizando en todo momento la rendición de cuentas de las políticas públicas de Desarrollo Social.