El Poder Judicial del Estado de Hidalgo inauguró el curso taller denominado “Derechos Humanos y la Atención a Niños y Niñas”, impartido por Mónica González Contró, jurista de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), con el objetivo de brindar herramientas que fortalezcan los conocimientos en dicho tema a los funcionarios de esta Institución.
El evento fue presidido por el Magistrado Raúl Arroyo González, en representación del presidente del Tribunal Superior de Justicia de Hidalgo, magistrado Juan Manuel Menes Llaguno, y acompañado por el magistrado José Manning Bustamante, el Consejero Bertino Morales Salomón y la maestra María Elena Ruíz Hirales, Directora del Instituto de Profesionalización e Investigaciones Jurídicas.
Arroyo González destacó que la organización de estos cursos incide en una formación que actualice en el conocimiento de los instrumentos internacionales, y a la que están obligados los juzgadores a emplear tras las reformas en 2011 en derechos humanos.
“El tema anuncia que tenemos que empezar a caminar por una ruta que hemos descuidado no sólo en la parte judicial, sino desde la parte social…”, expuso el magistrado, al afirmar que debe existir una corresponsabilidad para tener otra perspectiva sobre el trato que se otorga a las y los niños, así como adolescentes.
Por tal motivo, dijo el evento es parte de los proyectos que integra y consolida el Poder Judicial para contar con juzgadoras y juzgadores mucho más capacitados, pero sobre todo con la posibilidad de verter todos los conocimientos de la mejor forma al momento de la impartición de justicia.
Bertino Morales coincidió al reiterar las responsabilidades de todas las autoridades en el ámbito de sus competencias la obligación de promover, respetar, proteger y garantizar de los derechos humanos.
Durante el evento Mónica González, dijo que el participar en el curso implica un cambio de perspectiva, ya que las leyes han sido modificadas y también han creado sistemas de protección, acciones que no tiene precedentes en el país y que había sido una demanda de la sociedad.
Las transformaciones de estas leyes, afirmó debe ir acompañado de un cambio de cultura, que implica tener una percepción diferente de la infancia que ha condicionado el tratamiento de los derechos de los niños, niñas y adolescentes.