Diputados locales acuerdan emitir un exhorto a los titulares del Issste e IMSS en la entidad, para que promuevan por medio de carteles en todas las áreas de atención al público, acciones orientadas a informar a las persona de extracción indígena en sus lenguas, así como de aquellas que carecen del sentido de la vista a través del sistema braille, para poder denunciar todo acto de discriminación.
En tribuna la legisladora local del PRI Mabel Gutiérrez Chávez, refirió que la propuesta fue presentada el pasado 28 de noviembre de 2013 por el diputado del PAN, Juan Carlos Robles Acosta, quien manifestó que ante las constantes quejas de la población por la atención en ambas instancias de salud era necesario contar con sistema de orientación para poder denunciar toda irregularidad.
Aseguró que como resultado de la aprobación del acuerdo a decir de Gutiérrez Chávez, Las delegaciones del ISSSTE e IMSS deberán promover que en todas las áreas de atención al público existan carteles de quejas y denuncias en lugares visibles y accesibles para todas las personas, proporcionando datos suficientes que permitan denunciar cualquier acto de discriminación en su contra, por parte de una o un servidor público y en su caso la traducción a las principales lenguas indígenas habladas en el estado.
Añadió que la importancia que tiene el contar con mecanismos que permitan a la población denunciar cualquier acto de discriminación y en particular, el derecho de la población indígena de acceder a los servicios públicos, es para para denunciar cualquier vulneración a este derecho, por parte de las y los servidores públicos estatales o municipales.
La legisladora afirmó que como resultados en la Encuesta Nacional sobre Discriminación en México, 2010 las personas indígenas, junto a las personas homosexuales y las migrantes, son percibidas como más vulnerables a la discriminación, por su educación, por su religión o por su forma de vestir; mientras que siete de cada diez, indicaron que fue por su condición de ser hombre o mujer, su edad, su apariencia física o por no tener dinero.
A favor de su propuesta de pronunció el legislador Juan Carlos Robles Acosta, quien enfatizó que las y los servidores públicos tienen la obligación de recibir y atender las denuncias de la población por omisiones o malos tratos recibidos en oficinas gubernamentales. “Debemos establecer estrategias para mejorar atención a la población y respetar sus derechos humanos”.