- “Nunca nos acostumbremos a que la violencia es común y no podemos hacer nada”, dijo la magistrada Blanca Sánchez Martínez al entregar constancias de cursos-talleres
La autoridad judicial tiene la obligación de atender a las personas que piden justicia y con mayor razón cuando se trata de mujeres envueltas en un conflicto donde a veces los hijos son víctimas indirectas, aseguró la magistrada Blanca Sánchez Martínez.
Durante la entrega de constancias a participantes en cursos-talleres sobre protocolos para juzgar con perspectiva de género y para la atención de personas migrantes, la presidenta del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Hidalgo (TSJEH) se pronunció por que “nunca nos acostumbremos a que la violencia es común y no podemos hacer nada” y “sigamos indignándonos en casos de violencia hacia mujeres y niños”.
Recordó el caso “campo algodonero”, donde el Estado mexicano fue condenado por el incumplimiento de la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer, así como la Convención de Belém Do Pará, y marcó un parteaguas para que los servidores públicos que administran e imparten justicia se capacitaran de manera constante sobre las medidas de protección a las víctimas.
Por ello destacó los trabajos de capacitación sobre el “Protocolo para juzgar con perspectiva de género. Haciendo realidad la igualdad” y el “Protocolo de actuación para quienes imparten justicia en casos que afecten a personas migrantes y sujetas de protección internacional”, realizados en el Poder Judicial de Hidalgo.
“Con ello buscamos tener una herramienta de apoyo para las y los impartidores de justicia que coadyuve en la garantía del derecho de acceso a la justicia y lograr la efectividad a los compromisos internacionales que ha adquirido México”, señaló la magistrada.
En presencia de los consejeros Lidia Noguez Torres e Hibels José Luis Crespo García, así como la encargada de la Unidad para la Igualdad de Género y Derechos Humanos del Poder Judicial, María Guadalupe González Olvera, subrayó que la mujer está reivindicando su lugar de igualdad en los ámbitos social político y laboral.
“Y nosotros como autoridades judiciales tenemos el deber de proteger y garantizar ese lugar a muchas mujeres y hombres en situación de vulnerabilidad por razones de género”.