— Dicta Juez penal auto de Formal Prisión a dos de ellos
— Tres más, con orden de aprehensión
— Delito de Extorsión Agravada, sin derecho a libertad bajo caución
Por el delito de Extorsión Agravada, en agravio de dos habitantes de la comunidad Santa María Asunción, en Tulancingo, la Procuraduría General de Justicia del estado de Hidalgo informó que le fue notificado el Auto de Formal Prisión, dictado por el Juez Primero Penal de esa ciudad en contra de Miguel Ángel Medina Quiroz e Isidro Hernández Espino, quienes se desempeñaban como agentes policiales de investigación.
Así mismo, la PGJEH solicitó y obtuvo orden de aprehensión en contra de otros tres ex servidores públicos: Jonathan Enciso Escudero, Oscar Robledo Solano y Marco Antonio Caballero Vázquez, como probables responsables del mismo delito de Extorsión Agravada derivado del conflicto ocurrido el pasado nueve de agosto en que los probables responsables fueron retenidos por habitantes de aquella comunidad.
De acuerdo con el procurador de justicia estatal, Alejandro Straffon Ortiz, “esta fue una muy precisa indicación del gobernador Francisco Olvera, quien nos instruyó a comprobar la participación y consignar de manera inmediata a las personas que estuvieron involucradas en este hecho para depurar de malos servidores públicos a los cuerpos policiales y desde luego a la Procuraduría, con lo que estaremos en posibilidad de dar una atención de calidad y célere a la ciudadanía”.
Los probables responsables, recordó Straffon, “acudieron a Santa María Asunción, a un domicilio ubicado en el Barrio del Ángel, donde pretendieron extorsionar a una familia, lo que originó la molestia de los habitantes de la comunidad quienes retuvieron a los ex funcionarios hasta que fueron rescatados por agentes policiales comandados por el secretario de Seguridad Pública estatal, Alfredo Ahedo Mayorga”.
El fiscal hidalguense informó que la PGJEH ya consignó ante la autoridad judicial la averiguación previa 18/2057/2013 y su acumulada 18/HG/594/2013 en la que se investigó con el sigilo que nos impone la ley este lamentable hecho en el que se ven involucrados servidores públicos y que ahora daremos seguimiento a través del Ministerio Público adscrito al Juzgado Primero Penal de Tulancingo.
El abogado del estado refirió finalmente que el asunto quedó asentado en la Causa Penal 165/2013, en la que será llevado el proceso penal correspondiente a través de la autoridad judicial, quien resolverá conforme a su criterio jurídico en el tiempo que marca la ley.