La inconformidad surgió cuando se conoció que al final de su administración el gobernador José Francisco Olvera había entregado 16 patentes de notarios y algunos beneficiarios eran secretarios y representantes de instituciones de primer nivel, quienes alzaron la voz denunciaron irregularidades en el proceso e iniciaron la batalla legal en juzgados federales.
En total se interpusieron 4 amparos ante la justicia federal, los argumentos de los quejosos iban desde la ilegalidad de la convocatoria que no se publicó en el Periódico Oficial del Estado hasta la falta de legitimidad de los nuevos notarios.
Particularmente la impugnación legal se centraba en contra del ex procurador de justicia Alejandro Straffon, del ex presidente del Tribunal Superior de Justicia Juan Manuel Menes, del ex Secretario del Trabajo Valentín Echavarría y el ex coordinador Jurídico Mario Souverbille y se argumentaba no solo el conflicto de intereses sino qué por su posición dentro de la administración estatal carecían de legitimidad.
El tema no era menor, pues por primera vez se iniciaban demandas de amparo en el estado en contra de una práctica común, que era dar notarias a ex funcionarios públicos como pagos de marcha, aunque no cumplieran los requisitos.
Hasta ahora ha sido más el cuestionamiento público que lo logrado legalmente, sobre todo después de que el juez segundo de distrito Oscar Gregorio Herrera Perea determinó el pasado tres de agosto dar por sobreseído el juicio de amparo promovido por Irma Irene Ramírez Flores, dicho en palabras llanas y laxas no ampara ni protege a la inconforme, porque no se acreditó que el otorgamiento de patentes y todo el procedimiento le causen afectación a su derecho.
Es cierto, faltan aún por resolver tres juicios de amparo más y todo parece apuntar a que irán por el mismo sentido, es decir serán desechados y no habrá legalmente posibilidad de retirar la patente a los ex funcionarios públicos, aunque esto no significa que haya como todo parece indicar, un ilegitimo proceso para favorecer a amigos.