Asegura el procurador General de Justicia del estado Javier Ramiro Lara Salinas, que no se permitirá ningún acto de corrupción al interior de esta dependencia, por lo cual de septiembre del 2017 a la fecha, hay ocho servidores públicos que han sido sancionados y 10 que enfrentan un proceso penal, además de que ya se dictaminó, una sentencia de un año tres meses de prisión para uno de ellos.
Al respecto Lara Salinas, refirió que como resultado de la política de “cero tolerancia” a la impunidad y corrupción, se iniciaron a su llegada a la dependencia, en septiembre del 2016, diez denuncias penales, en contra del mismo número de servidores públicos.
Manifestó que al encontrarles responsabilidad en los delitos de cohecho, Infidelidad de la custodia de documentos oficiales y extorsión, como primera medida se ordenó la suspensión de actividades, en lo que dura el proceso en su contra.
De igual manera el procurador, añadió que de estos diez ex servidores, cuatro eran ministerios públicos, un secretario del ministerio público, cuatro policías investigadores y un empleado de la Coordinación de Investigación y Recuperación de Vehículos Robados, este último, ya fue sentenciado a un año y tres meses de cárcel y una pena-multa.
Lara Salinas, señaló que en este periodo de tiempo han sido sancionados de manera administrativa, ocho empleados de diferentes áreas, con tres amonestaciones públicas, dos amonestaciones privadas, así como una suspensión de empleo por 45 días sin goce de sueldo, además de que se tiene una destitución a cuyo funcionario, además se le fincó una sanción económica por 16 mil pesos; así como otra separación de cargo, e inhabilitación por tres años.
Con relación al caso de la sentencia indicó, que se trató del delito de cohecho en contra de un ex empleado adscrito a la Coordinación de Investigación y Recuperación de Vehículos Robados, de iniciales C.I. S. G, donde se consiguió una penalidad de un año tres meses y una pena-multa, aquí no se especificó la cantidad recibida.
De este incidente, el afectado identificado como J.A.A.M denunció, que tras la recuperación de su vehículo que le había sido robado, este fue puesto a disposición de la Coordinación de Autos Robados, sin embargo contenía mercancía perecedera la cual al solicitar al entonces funcionario su devolución, éste le exigió la cantidad de 15 mil pesos en efectivo a cambio de la liberación.
Añadió que para evitar que los productos entraran en descomposición, el agraviado entregó ocho mil pesos y acordó depositar el resto del dinero en una cuenta bancaria, sin embargo también presentó la denuncia correspondiente ante el ministerio público.
Al acreditarse la responsabilidad en el delito de cohecho, el Tribunal de Enjuiciamiento del Tribunal Superior de Justicia, dictaminó un fallo condenatorio.
Por último el funcionario local, dijo que esta es la primer sentencia que se ha conseguido del Tribunal de Justicia en contra de ex servidores públicos de la Procuraduría de Justicia, desde que se implementó la política de “cero tolerancia a la impunidad y a la corrupción” en la entidad.