El juez segundo de distrito del Poder Judicial de la Federación, Oscar Gregorio Herrera Perea, negó la suspensión definitiva de la medida cautelar que mantiene congeladas las cuentas de la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo (UAEH), a través de las cuales recibió más de 151 millones de dólares provenientes desde un banco de Suiza.
La universidad interpuso un amparo contra la “orden verbal o escrita del bloqueo, aseguramiento y congelamiento de cuentas bancarias” ordenado por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público a través de la Unidad de Inteligencia Financiera a cargo de Santiago Nieto Castillo, por presunto lavado de dinero; en la audiencia incidental del expediente 231/2019 que se realizó ayer el juez negó por segunda ocasión la suspensión definitiva de la medida cautelar, la institución educativa será notificada hoy, según el expediente electrónico que obra en los archivos del Consejo de la Judicatura Federal.
En la admisión del amparo, el juez segundo de distrito convocó el 22 de abril para desahogar la audiencia correspondiente, pero ayer se citó para el próximo 25 de marzo para desahogar la audiencia incidental.
Esta es la segunda ocasión que el juez segundo de distrito del Poder Judicial de la Federación niega descongelar provisionalmente las cuentas bancarias de la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo, que desde el 22 de febrero están siendo investigadas por la Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda por un presunto lavado de 151 millones de dólares.
En conferencia de prensa el presidente del patronato de la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo, Gerardo Sosa Castelán, aseguro que los recursos congelados de la máxima casa de estudios son lícitos y fueron transferidos de Credit Suisse a una cuenta de la universidad en HSBC, que ofrece “mejores condiciones de rendimiento económico” además de que según, Sosa Castelán, son producto del ahorro de 20 años de los trabajadores universitarios.
El presidente el patronato de la UAEH, promovió ante un juez en la Ciudad de México, un amparo contra posibles órdenes de detención, búsqueda y localización, arresto, arraigo o presentación giradas en su contra por parte de la Fiscalía General de la República, mismo que obtuvo.