Ante el incremento de riesgo de COVID-19 grave, es decir, que implique hospitalizaciones e ingreso a terapias intensivas, las mujeres embarazadas son un grupo prioritario de atención, esto luego de un análisis de riesgo y potencial beneficio de recibir la vacuna.
Dicha recomendación es realizada por el Grupo Técnico Asesor de Vacunación, del cual el Instituto Nacional de Salud Pública forma parte, recomienda que este sector reciba algunas de las vacunas que actualmente se aplican en nuestro país.
La indicación es que la vacuna se aplique a partir de la semana 10 de embarazo, esto por razón precautoria, es decir, pasando el tiempo de desarrollo de órganos del producto.
Si bien no hay una mayor predisposición a contagiarse, el riesgo para las mujeres embarazadas es igual que para la población general, la diferencia radica en que en este grupo de la población el riesgo de padecer la enfermedad de forma grave es mayor.
Es importante precisar que no existe alguna contraindicación para lactar luego de recibir la vacuna y sin importar la vacuna que se aplique, ya que todas las que se suministran cuentan con la autorización oficial.
Los efectos secundarios que trae consigo la vacuna para este sector son los mismos que para el resto de la población: dolor de cabeza, dolor en la zona donde se aplicó, cansancio y en algunos casos fiebre y dolor muscular.
La Fundación para la Investigación y Educación en Salud Pública (FIESP) recomienda a las mujeres embarazadas continuar con la vigilancia médica, informando si ya fueron inoculadas o no, así como mantener las medidas sanitarias establecidas, tales como el lavado constante y correcto de manos, la sana distancia, y el uso del cubre boca, aun y cuando se reciba la vacuna.
Si bien la vacuna en nuestro país no es obligatoria, es una forma de protegerse contra la enfermedad que puede llegar a ser grave, causando algunas secuelas, tanto físicas como mentales, incluso puede provocar la muerte.