Los gobiernos de México y Perú acordaron, este viernes, reanudar las relaciones diplomáticas, tras nueve meses de rompimiento.
La reconciliación se da luego de que el gobierno de Keiko Fujimori otorgara el salvoconducto a la expresidenta del Consejo de Ministros de Pedro Castillo, Betssy Chávez, quien fue condenada a más de 11 años de prisión por presunto golpe de Estado en 2022, y viaja en estos momentos a nuestro país.
“Los gobiernos de los Estados Unidos Mexicanos y de la República del Perú, considerando los históricos lazos de hermandad, amistad y cooperación que unan a México y al Perú, acordaron, en esta fecha, la reanudación de las relaciones diplomáticas entre ambos Estados”, informó esta mañana en un comunicado la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE).
En Perú, el canciller Carlos Espá informó que Betssy Chávez dejó Perú aproximadamente a la medianoche del jueves y con apoyo de las fuerzas del orden, en cumplimiento de la decisión de otorgarle el salvoconducto por el asilo político que se le otorgó en México.
Desde noviembre de 2025, Chávez permanecía en la residencia de la Embajada de México en Lima a la espera que el gobierno peruano diera una respuesta, algo que evitaron hacer los presidentes interinos José Jerí (2025-2025) y José María Balcázar (2025-2026).
Fue la administración de Jerí la que decidió romper todas las relaciones diplomáticas con México tras conocerse que había otorgado el asilo a Chávez.
En ese momento, las relaciones entre Perú y México ya se manejaban a nivel de encargados de negocios, pues Perú había expulsado al embajador mexicano y había retirado al suyo en Ciudad de México desde diciembre de 2022, cuando el gobierno del entonces presidente mexicano Andrés Manuel López Obrador condenó el encarcelamiento de Castillo y no reconoció la legitimidad como su sucesora de la vicepresidenta Dina Boluarte.
No obstante, la Cancillería peruana ha sido «enfática» en señalar en su comunicado que la entrega del salvoconducto a Betssy Chávez no supone admitir por su parte que la ex primera ministra sea una perseguida política como considera el gobierno mexicano.
«El Gobierno del Perú reitera, de manera enfática, que no existe persecución política y que en el país impera el Estado de derecho, la separación de poderes y el respeto a las garantías de la administración de justicia, incluyendo el debido proceso», apuntó.
Asimismo, recordó que «Chávez ha sido sentenciada como coautora del delito contra los poderes del Estado y el orden constitucional, en la modalidad de conspiración para una rebelión en agravio del Estado, prevista en el artículo 349 del Código Penal del Perú, y está siendo investigada por el Área de Enriquecimiento Ilícito y Denuncias Constitucionales de la Fiscalía de la Nación».
En ese sentido, señaló que el ejecutivo peruano continuará impulsando las consultas iniciadas a raíz del caso de Chávez en el seno de la Organización de Estados Americanos (OEA) para una eventual modificación de los tratados internacionales, al considerar que se ha desvirtuado su espíritu con asilos como el otorgado por México a la ex primera ministra peruana.