Los siete policías municipales de Progreso de Obregón, incluida la titular de la Dirección de Seguridad Pública, Estefanía Hernández Díaz, detenidos y vinculados a proceso por la muerte de la doctora Beatriz Hernández el 9 de junio, fueron puestos en libertad la noche del 30 de septiembre.
De acuerdo con lo establecido, la jueza determinó otórgales una salida alterna a fin de que las personas imputadas pueda terminar su proceso penal cumpliendo con un plan de reparación del daño a los deudos de la víctima y una serie de condiciones que incluye pagar los gastos generados por la Cruz Roja en término de 3 días hábiles, por concepto de atención a la víctima, disculpa pública en medio de comunicación y en redes sociales, únicamente a la administración, salvaguarda datos de la víctima, en un término de 3 días hábiles, a los Imputados y presidente municipal, se les pide mejorar el cuerpo policíaco, capacitar al personal de seguridad pública, equipamiento material para desarrollar las funciones policiales, contar con personal suficiente, dotar de salario suficiente a policías, adecuar las instalaciones de las oficinas de seguridad pública,elaboración de manuales en un término de 210 días y deberán aplicarse por 2 años de la administración municipal.
Los policías deberán cumplir con los siguientes requisitos por un tiempo mínimo de 2 años:
1- Tendrán vigilancia de la UMECA
2- Radicar en el domicilio proporcionado al juzgado
3- Prohibido acudir al domicilio de la víctima indirecta y de los testigos
4- Prohibido realizar actos de intimidación a la víctima indirecta y de los testigos
5- No salir del estado sin autorización de la Jueza
Asimismo, si se llegaran a incumplir los acuerdos se reactiva el proceso y los siete policías volverían a prisión.
El pasado 9 de junio, tras un accidente vial la doctora Beatriz Hernández fue detenida e ingresada al área de retención primaria en Progreso de Obregón; minutos más tarde fue encontrada sin vida al interior de la celda.
Tras su muerte surgieron varias versiones: el gobierno municipal aseguraba que la joven se había suicidado dentro de las galeras, mientras que, familiares, amigos y colectivos aseguraban que había sido víctima de abuso policiaco y feminicidio.
Como parte de las investigaciones y para deslindar responsabilidades, los siete servidores públicos del municipio de Progreso de Obregón adscritos al área de Seguridad Pública Municipal fueron detenidos el 11 de junio y trasladados al Cereso de Mixquiahuala.
Durante la primera audiencia del caso, celebrada el 17 de junio, la jueza Rosa María López Aguilar descartó la acusación de feminicidio por la muerte de la doctora Beatriz Hernández y reclasificó el delito a homicidio culposo en contra de los siete policías de Progreso de Obregón al ser omisos en preservar la vida e integridad de la mujer de 29 años.
La jueza señaló que “tras el análisis de los materiales videográficos aportados, además de los exámenes médicos practicados al cuerpo, se desprendieron datos de prueba relevantes que hacen suponer que la doctora Beatriz no fue víctima de feminicidio, sin embargo, las omisiones cometidas por los servidores públicos en el ejercicio de sus funciones derivaron en el probable homicidio culposo”.
De acuerdo con lo vertido en la audiencia, Beatriz murió por asfixia mecánica por suspensión incompleta.
