Al afirmar que es necesario que la Procuraduría de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes fortalezca las medidas de capacitación entre los enlaces municipales de Alerta Amber sobre el tema y su correcta implementación, la diputada local del grupo legislativo del PRD Margarita Ramos Villeda, presentó una propuesta ante el Pleno del Congreso local.
La legisladora local, refirió que pese a los casos de éxito de menores y adolescentes rescatados por medio de este programa, también hay muchos casos a nivel nacional en los que no ocurre lo mismo, ya que de acuerdo con cifras oficiales, del año 2007 a 2016, 25 mil 258 niñas, niños y adolescentes han desaparecido en toda la nación.
Destacó que en el caso de Hidalgo, el mismo Registro Nacional de Personas Extraviadas certifica la desaparición de 909 menores de edad ocurrida entre 2007 y 2016, lo que significa que durante los últimos nueve años, más de 900 familias hidalguenses han sufrido la pérdida de alguno de sus integrantes menores de edad, sin que hasta ahora se conozca su paradero.
Al mismo tiempo lamentó que a pesar de las acciones oficiales emprendidas al respecto a través de sistemas como la Alerta Amber, es cotidiana la aparición de nuevos casos, pero a diferencia de la localización de muchas de las víctimas, en miles de casos, las investigaciones y el castigo a los culpables del delito de sustracción de menores, están más cerca de la impunidad y más lejos de la justicia.
Señaló que como todo tema de gobierno, nada es suficiente. Por ello es importante la vinculación con organizaciones y mecanismos nacionales e internacionales surgidos de la sociedad civil, que ayudan a cumplir los objetivos de la parte gubernamental, como en este caso de la protección de la infancia.
Destacó también que por lo anterior, se requiere contar con un instrumento base de acción, en el que con claridad y precisión, se determinen los mecanismos de implementación y funcionamiento de la Alerta AMBER México a nivel nacional y estatal, además de las formas de participación y colaboración entre los diferentes sectores de la población y las autoridades. “Toda medida a reforzar debe ser anteponiendo ante todo el principio del interés superior de la niñez”.