La presidenta de la junta de gobierno del Congreso del Estado María Luisa Pérez Perusquìa, aseguró que las percepciones económicas de los diputados que conforman la sexagésima tercera legislatura local, se entregan como todos los demás sueldos, en total transparencia y apego a la legalidad, además de negar que haya otro tipo de apoyos.
Después de encabezar los trabajos de la décimo primera sesión permanente, la diputada, refirió que cada uno de los treinta legisladores recibe en salario alrededor de 45 mil pesos, además de 30 mil pesos de gestión y 20 mil más para apoyo de personal que les asiste, además de afirmar que ese es el recurso que les corresponde por su labor y depende del trabajo de cada uno si este es un recurso justo para el desarrollo de sus actividades.
Así también señaló que la dieta que tiene cada uno de sus compañeros está muy por debajo de la media nacional y solo por arriba del estado de Tlaxcala, pero aseguró que lo más importante, es que se tenga con puntualidad los datos de lo que ganan los diputados, aunque ese tema genera mucha expectación porque se hacen sumas y se ponen cantidades, pero finalmente es el salario que ganan los diputados.
La presidenta de la junta de gobierno, rechazó que se destine un presupuesto para gastos personales como telefonía celular, alimentos o bien seguro médico particular, al referir que en este último caso los diputados cuentan con la seguridad social del estado.
Poco antes en los trabajos legislativos, destacó la presentación de la iniciativa de la diputada del PAN, Mariana Bautista de Jesús, quien propuso reformar y adicionar los artículos 305, 323 y 327 de la Ley de Transporte para el Estado en materia de regulación de propaganda electoral en el transporte público.
“La presente iniciativa no tiene por objeto impedir que los concesionarios, los permisionarios, conductores o empleados del Servicio de Transporte Público en el estado lleven a cabo actos personales de apoyo a determinado candidato o partido político en el curso de una contienda electoral y mucho menos prohibir su participación en los comiciales”.
A decir de la diputada, la esencia de la prohibición radica en que no se utilice un bien público concesionado para fines distintos, además de referir que tampoco los funcionarios públicos encargados de otorgar las concesiones del servicio, se aprovechen de su posición para que, de manera implícita o explícita, soliciten la colocación de propaganda política.