Un amparo federal tiraría las acusaciones de la Secretaría de Movilidad y Transporte, en contra de Cenobio Javier Contreras Briseño, dirigente transportista encarcelado por supuesto uso ilícito de atribuciones y demostraría la presunta responsabilidad de Humberto Cabrera Román, director del Sistema Integrado de Transporte Masivo en las irregularidades.
En la causa penal 1825/2024, se señala a Contreras Briseño, quien fuera presidente del consejo de administración de la línea corredor Téllez-Hospitales, de no haber entregado utilidades por 55 millones de pesos, producto de las presuntas utilidades que dejó este sistema permisionado, además de retrasar premeditadamente, la instalación de la tecnología en los nuevos camiones.
Según los argumentos de los órganos de contraloría y del propio Cabrera Román, los ingresos generados por 7 meses de operación de este sistema de transporte, no ingresaron a la cuenta del fideicomiso del Tuzobús en el banco Banorte, y tampoco existe un acta computada de los ingresos.
En las acusaciones contra el dirigente trasportista, está el retraso en la colocación de los chips, sistemas automatizados de cobro y monitoreo de las unidades, tecnología con la que debieron circular desde junio del 2022 los autobuses de la ruta Téllez-Hospitales.
Pero la defensa legal del transportista, sostiene pruebas que demostrarían que Cabrera Román, se negó desde que asumió el cargo, a entregar la cuenta bancaria del fideicomiso, a pesar de las solicitudes por escrito y digitales enviadas por el consejo de administración y que están fechadas en septiembre del 2022.
Además, cuentan con documentos, donde la empresa automotriz Zapata, reconoce que el retraso de la tecnología de los autobuses se debe a que el proveedor Jesús Salinas empresario originario de Puebla, tenía desabasto en sus importaciones de China, de ahí que fue hasta noviembre cuando pudieron colocar el equipamiento.
Pero nuevamente el director del Sistema Integrado de Transporte, se negó a recibir en el mes de noviembre los autobuses con los nuevos aditamentos, según se muestra en los documentos con sellos de recibido en la dependencia.
En el amparo 510/2025-6 ingresado en el juzgado segundo de distrito, los trasportistas buscan demostrar que la vinculación a proceso en contra de Contreras Briseño, no tiene sustento legal y está plagado de irregularidades, pero además la corresponsabilidad del titular del transporte convencional, por “su negativa constante y sin sustento” a transparentar el proceso de la ruta Téllez-Hospitales.
En el expediente también existe un peritaje contable que demuestra que, en siete meses, los transportistas recaudaron 18 millones de pesos que se invirtieron en pago de sueldos, combustibles y gasto social, como se demuestra en la cuenta bancaria del consejo de administración Téllez-Hospitales a donde se depositó el dinero que diariamente se obtenía.
Así que la justicia federal tiene en su escritorio el análisis del expediente, que podría terminar nuevamente por exhibir a los jueces locales y a la “agraviada” secretaria de Movilidad, donde sus funcionarios pasarían a ser parte del proceso.
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