En los últimos meses, el ex gobernador Francisco Olvera, ha estado en el centro de críticas y señalamientos tras el registro de su candidatura a diputado federal por el sexto distrito en Pachuca de la alianza “Fuerza y Corazón por Hidalgo”, desde aquellos que, señalan su desventaja electoral por pertenecer a ese grupo longevo priista del que ya se cansó la ciudadanía, hasta presuntas investigaciones que lo llevaron a pedir audiencia en el despacho de la Procuraduría Estatal para saber sí en realidad existían carpetas en su contra e incluso, el supuesto trámite de un amparo, sin dejar de lado las revelaciones de su declaración anual patrimonial de la que sobresalen datos reveladores.
Información obtenida por este columnista, contrastan con las revelaciones que hiciera desde marzo del 2018 y en una reciente carta, Pablo Pérez Martínez, ex colaborador y operador financiero, de Olvera Ruiz, quien se encuentra recluido en el Cereso acusado del delito de peculado en su modalidad de desvío de recursos por más de 60 millones de pesos.
Las declaraciones patrimoniales del aspirante a legislador, obtenidas por transparencia en la Secretaría de Contraloría y Transparencia Gubernamental, de las que se eliminaron 24 datos de acuerdo al artículo 116 de la Ley de transparencia, es decir, aparecen testados u ocultados, muestran ingresos anuales en 2014 por 777 mil 849 pesos, mientras que en 2015 un millón 425 mil 700, además de tres cuentas de inversión por 831 mil 868 pesos y el adeudo de un crédito hipotecario de 3 mil 999 pesos y para 2016, obtuvo un millón 501 mil pesos de percepciones y manifestó tener cuatro cuentas de inversión por 908 mil, además de la liquidación de su crédito hipotecario y al cerrar su administración sólo dice poseer tres cuentas de inversión por 229 mil 389 pesos.
Llama la atención que, no reporta poseer bienes inmuebles, joyas, ex haciendas, relojes o vehículos, tampoco rentas, ni deudas, a pesar de que para entonces el ex mandatario y su familia ya no vivían en Hidalgo y en declaraciones públicas, afirmaron haberse mudado a la Ciudad de México y dejar la casa de gobierno en la calle 16 de enero en Pachuca, 6 meses antes de que concluyera su administración, es decir que, de acuerdo a su declaración patrimonial, debió vivir en casa de asistencia, “prestada” o con familiares en la capital del país.
Lo que parece aún más delicado es lo que sabe tanto el círculo cercano al priista, y que precisa una carta que llegó a la Fiscalía Anticorrupción, firmada por Pablo Pérez, el ex operador financiero, sobre los bienes del ex alcalde capitalino, que además de una casa en la sexta sección de San Javier, también tuvo o tiene y no declaró, un edificio que se localiza sobre el boulevard Felipe Ángeles y que fue rentado durante su administración justamente a la Secretaría de Educación Pública o la ex hacienda de Zempoala, cuya compra se simuló y que remodeló el empresario Ernesto del Blanco, para gusto de Olvera Ruiz, sólo por citar algunos.
Lo anterior, también fue declarado por el mismo Pablo Pérez hoy recluido en el Cereso, en una entrevista el 8 de mayo del 2018, cuando aún no era detenido por agentes de investigación y en la que revela que, más de 2 mil millones de pesos fueron entregados al ex mandatario durante su administración.
Lo anterior de confirmarse y cotejarse en investigaciones que por cierto, ya hace la Fiscalía Anticorrupción y la propia Unidad de Investigación Financiera (UIF) pondría en conflictos al candidato, por la omisión o comisión de diversas infracciones, habrá que esperar sí algo de todo lo que se presume es real, por lo pronto sus declaraciones patrimoniales resultan “anormales” por citar sólo un adjetivo.
De mi tintero… Es evidente que, lo menos que se puede presumir del operativo del fin de semana en bares y antros de Zona Plateada, es inteligencia y estrategia, de nada sirve la “gran capacidad y experiencia” del Subsecretario de Seguridad Israel Zaragoza y su mano derecha Cesar Trejo Vargas, que además de poner en riesgo a funcionarios al enfrentarnos de manera innecesaria, fueron imprudentes y torpes, hasta la ley del golpe y tolete tiene táctica…En serios problemas el Instituto Estatal Electoral (IEEH) que arrastra deudas con los mil 200 supervisores y capacitadores, esos trabajadores que son claves en el proceso electoral y a los que la consejera presidenta Magdalena González, decidió retrasar sus ingresos por sus errores administrativos, su desaseo e incapacidad…