Un agente del Ministerio Público adscrito a la Subprocuraduría de Derechos Humanos y Servicio a la Comunidad, de la Procuraduría General de Justicia del estado de Hidalgo (PGJEH), acreditó ante un juez de control la probable responsabilidad de una persona en incumplimiento de las obligaciones alimentarias.
Los hechos que le imputaron a Santos “N” ocurrieron en Tula de Allende, desde 2017 cuando dejó de proporcionar la pensión alimenticia establecida por un juez familiar, para las víctimas.
Ante el incumplimiento de dicha obligación, la agraviada denunció ante PGJEH y un representante del Ministerio Público se encargó de recabar los datos de prueba necesarios, mismos que expuso durante la audiencia inicial ante el juez de control, de quien obtuvo la vinculación a proceso de Santos “N”, por incumplimiento de obligaciones alimentarias.
La autoridad judicial no impuso ninguna medida cautelar; concedió un plazo de seis meses para el cierre de la investigación complementaria.