La juez Primero de Distrito de Amparo en Materia Penal, Sandra Leticia Robledo Magaña, otorgó una suspensión provisional a la orden de aprehensión girada contra el presidente del Patronato de la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo (UAEH), Gerardo Sosa Castelán; la cual evitará su captura siempre y cuando no se le haya ordenado detener por delitos graves.
Gerardo Sosa Castelán tramitó la suspensión provisional ya que asegura que, la juez de control Gabriela Guadalupe Rodríguez Escobar, adscrita al Centro de Justicia Penal Federal de Reclusorio Sur, giró una orden de aprensión en su contra.
La suspensión prevalecerá hasta que la juzgadora celebre una audiencia en la que se definirá si se concede de manera definitiva o negará la suspensión, mientras tanto la juez Sandra Leticia Robledo Magaña ya requirió a su homóloga Rodríguez Escobar, Fiscalía General de la República y a las autoridades correspondientes a informar si existe dicha orden de aprehensión contra el presidente del Patronato de la máxima casa de estudios de Hidalgo.
Asimismo la juzgadora le impuso a Sosa Castelán una garantía de 51 mil pesos.
El 26 de febrero la Unidad de Inteligencia Financiera, ordeno el bloqueo, aseguramiento y congelación de cuentas bancarias a nombre de la UAEH, por presunto lavado de dinero de más de 151 millones de dólares provenientes desde un banco de Suiza. Ante esto la máxima casa de estudios ingresó un amparo el cual fue negado en dos ocasiones. En abril la UIF congeló todas las cuentas bancarias ligadas a la UAEH incluidas las cuentas personales del presidente del patronato y del rector de la universidad.
No obstante, ante la petición pública que hizo el Rector de la Universidad, el 29 de abril, la UIF desbloqueó las cuentas correspondientes al pago de nómina y becas de la Universidad con la finalidad de no afectar a los trabajadores ni a la comunidad estudiantil.
El bloqueo de cuentas se mantiene únicamente respecto de los fondos ligados al presunto lavado de dinero por posibles actos de corrupción, incluidos casos de conflictos de interés de personas físicas o morales.
Ante este panorama el presidente el patronato, promovió ante un juez en la Ciudad de México, un amparo contra posibles órdenes de detención, búsqueda y localización, arresto, arraigo o presentación giradas en su contra por parte de la Fiscalía General de la República, mismo que obtuvo.