Un juez federal aplazó para el próximo 4 de octubre la celebración de la audiencia donde la Fiscalía General de la República (FGR) podrá imputar al panista Ricardo Anaya Cortés por haber recibido un presunto soborno de 6 millones 800 mil pesos para aprobar la reforma energética.
Durante la diligencia celebrada hoy, Gustavo Aquiles Villaseñor, juez de control del Centro de Justicia Penal Federal en el reclusorio Norte, determinó que está comprobado que Ricardo Anaya no ha tenido acceso a la carpeta de investigación que se judicializó en su contra.
Además, el juzgador aclaró que, aunque la audiencia se realice de modo virtual, deben conectarse dentro de territorio nacional.
Durante la audiencia la FGR afirmó que Anaya no se encuentra en el país, por lo que tampoco existen condiciones para que se celebre.
Ayer, la Fiscalía General de la República (FGR), hizo pública una versión en la que asegura que, tras un trabajo de investigación ministerial, el excandidato presidencial recibió más de 6 millones de pesos para votar a favor de la reforma energética “que privatizaría la producción petrolera mexicana”.
Anaya aseguró esta mañana que la Fiscalía pretende vincularlo en la investigación por la donación de dos casas a sus familiares con presuntas aportaciones realizadas por Emilio Lozoya a cambio de apoyar la reforma energética. Sin embargo, los inmuebles le fueron otorgados entre 1993 y 1996.
De acuerdo con lo publicado por la Fiscalía, en su denuncia de 2020 el exdirector de Pemex señaló que recibió instrucciones “superiores” para entregar 6 millones 800 mil pesos a Anaya para que, a su vez, este votara a favor de la política, hecho que quedó asentado el 11 de diciembre de 2013 cuando se aprobó la reforma con el voto a favor del entonces legislador.
De acuerdo con Miguel “N” y Froylán “N”, testigos de la Fiscalía, en ese entonces se presenciaron diversas visitas de Ricardo Anaya y otros legisladores, a las oficinas de Emilio Lozoya, en la Dirección General de Pemex; lo cual quedó asentado en diligencias ministeriales.
La FGR puntualizó que dicho monto corresponde a su vez de un primer pago por 10 millones de dólares hecho a modo de soborno a Emilio Lozoya por Hilberto “N”, Marcelo “N”, Luiz “N” y Luis “N”, altos funcionarios de Odebrecht Brasil.